El presidente chileno Sebastián Piñera anunció el domingo que aumentará el número de efectivos policiales en las calles y dará nuevas atribuciones a las fuerzas Armadas para proteger la infraestructura pública, entre otras medidas para contener la violencia después de más de un mes de estallido social en el país.
El mandatario centroderechista volvió a respaldar a ambas instituciones en una semana en que fueron fuertemente cuestionadas por la sociedad chilena y organismos de derechos humanos por la forma en que han reprimido las protestas.
En un sorpresivo discurso, Piñera lamentó el número de civiles fallecidos, lesionados o heridos, sin precisar cifras, aunque resaltó que “a la fecha tenemos 2.171 carabineros (policía chilena) heridos, algunos de gravedad, y 154 cuarteles policiales atacados”.
Afirmó que esta semana enviará al Congreso un proyecto de ley que permita a las Fuerzas Armadas poder colaborar en la protección de infraestructura crítica, equiparando –dijo– la legislación chilena a la de otros países del mundo.
También señaló que la policía chilena recibirá a partir de esta semana asesoramiento profesional de la policía de Inglaterra, Francia y España “para mejorar su capacidad operativa, de control de orden público y de resguardo de la seguridad ciudadana”.
Todo esto en medio de las medidas para contener el fuerte estallido social que comenzó el 18 de octubre por la suba del precio de las tarifas del subterráneo y desembocó en más de cinco semanas de protestas y manifestaciones sociales de todo tipo, principalmente reclamando reforma de pensiones, cambios en los sistemas de salud y educación, entre muchos otros.
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Piñera anunció que en los próximos dos meses se incorporarán 4.354 efectivos más a las calles, a través del reintegro de personal ya retirado con buenas calificaciones y de la Escuela de Oficiales y Suboficiales de Carabineros y de la Policía de Investigación (PDI), a las que se va a adelantar su fecha de graduación o egreso para que puedan estar antes operativas.
Piñera pidió al Congreso que se aceleren los acuerdos y la tramitación de las leyes que modernizan la policía, fortalece el sistema Nacional de Inteligencia, estatuto de protección de policías y leyes para enfrentar los saqueos, los encapuchados y las barricadas.
“La democracia tiene el deber y la obligación de defenderse de la violencia destructiva que tanto daño causa, con las armas de la democracia y del Estado de Derecho”, destacó el presidente.
Esta fue una dura semana para las Fuerzas Armadas y la policía chilena luego que la organización de derechos humanos Amnistía Internacional emitiera un informe, resultado de su misión en el país, en que se denuncian duras violaciones a los derechos humanos y se afirma que la política de represión tenía como misión castigar a los ciudadanos que salían a ejercer pacíficamente su derecho a manifestarse.
El informe fue rechazado categóricamente por el gobierno.
El ministro de Defensa de Chile, Alberto Espina, declaró que la afirmación de Amnistía “es un hecho gravísimo, falso y una imputación inaceptable que, además, no tiene ningún fundamento ni antecedente que la justifique”.
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La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llamó a las autoridades a “asegurar que las manifestaciones sean gestionadas con pleno respeto al derecho internacional de los derechos humanos, sus normas y estándares”. El organismo informó el viernes que un equipo suyo concluyó una visita de tres semanas a Chile y que se dispone a preparar un informe de su misión.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, afirmó que en Chile se han violado los derechos humanos y que el martes se conocerá otra evaluación de Human Rights Watch.
Su director, Carlos Vivanco, declaró el domingo al diario El Mercurio que los Carabineros han sido responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos y tendrán que responder penalmente por ello.
Carabineros modificó sus protocolos la semana anterior para dejar de usar armas antidisturbios de forma generalizada y usarla solo en momentos en que peligre la vida del oficial.
Sin embargo, la organización internacional Cruz Roja llamó la víspera a la sociedad a donar insumos porque seguían recibiendo una gran cantidad de heridos tras cada manifestación, “principalmente porque la intensidad en las diferentes marchas y manifestaciones no ha disminuido”, declaró a medios su director en Chile, Patricio Acosta.
Desde el estallido social en Chile el pasado 18 de octubre, la fiscalía investiga 26 muertes. Más de 287 personas han perdido la visión como consecuencia de heridas oculares. Además, se han registrado más de 2.200 heridos en las manifestaciones.
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