La discusión en torno a la validez de las escoltas al renunciante gobernador Ricardo Rosselló y su familia tomó otro giro ayer luego de que la secretaria de Justicia, Dennise Longo, se mantuvo firme en negarse a publicar una asesoría que brindó al Departamento de Seguridad Pública (DSP), y cuya conclusión fue que se podía asignar oficiales de seguridad a Beatriz Rosselló durante su estancia en la isla la semana pasada. Diversas voces consultadas por Metro coincidieron en que la secretaria continúa una peligrosa práctica de silencio a pesar de que se trata de información importante.
A juicio del abogado constitucionalista Carlos Ramos la asignación de escoltas a los Rosselló es un tema de gran interés público y debe conocerse la postura de la secretaria.
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“Es el uso de fondos públicos lo que está cuestionado… Aunque se haya radicado el recurso de apelación [que cuestiona la validez de escoltas a Rosselló] este es un tema que nosotros los ciudadanos tenemos derecho a conocer en esta etapa, antes de que se presenten los argumentos en el Tribunal, porque se trata de un asunto civil y constitucional. No es un asunto penal conocer cuál es la posición de la secretaria. Noto mucho esa actitud de cerrarse”, sostuvo el también profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
Mientras tanto, el exsecretario de Justicia Luis Sánchez Betances opinó que, como regla general, todas las opiniones legales que ofrecen los titulares de Justicia deben ser públicas. “Toda gestión de asesoramiento que piden los jefes de agencia son públicas”, aseguró. Sin embargo, consideró que una excepción podría ser si los planteamientos se están discutiendo en un litigio.
A su vez, los gremios periodísticos denunciaron que se trata del más reciente capítulo en una saga que se ha extendido desde que fue designada al cargo en agosto.
“Según la ley [del Departamento de Justicia], una opinión —formal o informal, ambas— debe ser pública. Lo triste de este caso es que es el último ejemplo de una actitud reiterada de la secretaria de negar información”, subrayó Luis Guardiola, periodista y presidente del Overseas Press Club, al tiempo que reiteró la disponibilidad de la organización para reunirse con Longo para discutir esta controversia.
Damaris Suárez, presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, dijo que las opiniones que emiten los secretarios de Justicia sirven para validar o no una política pública que se financia con fondos públicos.
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“Lo que entiendo es que ella le cambia el nombre de opinión legal a una asesoría cuando el Departamento lo que hace es emitir opiniones sobre unos asuntos que le refieren las diferentes agencias. ¿Eso quiere decir que nosotros no vamos a conocer qué posición legal sustenta las diferentes decisiones que toma o deje de tomar el Gobierno…? No me hace sentido”, declaró.
Gobernadora propone evaluar escoltas
La gobernadora Wanda Vázquez, dijo ayer que la reglamentación sobre escoltas debe revisarse.
“Lo que sí entiendo es que se debe reconsiderar esos reglamentos de manera que se utilicen los recursos de la Policía de la manera más adecuada… Esa fue mi recomendación”, puntualizó.
Y aunque Vázquez es la jefa de la secretaria de Justicia, y ha reiterado que su política pública es de transparencia, decidió no asumir una postura sobre el rechazo a dar a conocer la asesoría legal que brindó al DSP.
Manuel Guillama colaboró en esta historia.
