NUEVA DELHI – La policía india detuvo el jueves a más de 100 manifestantes en grandes ciudades del país. Las autoridades habían prohibido las protestas con la esperanza de detener las marchas contra una nueva ley de ciudadanía, que según los detractores amenaza la naturaleza secular de la democracia india.
Había decenas de manifestaciones convocadas en todo el país en medio de una creciente oposición a la ley, que excluye a los musulmanes. La propuesta ha avivado la indignación por lo que muchos perciben como esfuerzos del gobierno por convertir al país en un estado hindú.
El historiador Ramchandra Guha, biógrafo del líder independentista indio Mohandas Gandhi, estaba entre los detenidos en Bangalore, capital del estado sureño de Karanataka.
Cuando se contactó con él por teléfono, Guha dijo estar en un autobús con otros detenidos y que no sabía a dónde les llevaba la policía.
Yogendra Yadav, jefe del partido Swaraj India, fue uno de los detenidos en Nueva Delhi después de que los manifestantes decidieran seguir adelante con su marcha en el emblemático Fuerte Rojo y sus alrededores.
Las autoridades informaron de más 100 detenidos en el lugar y se veía a la policía arrastrando a mujeres que protestaban hasta una zona de escenario detrás del fuerte.
Los detenidos fueron subidos a autobuses y otros vehículos. No estaba claro a dónde los llevó la policía.
Las autoridades cortaron los principales acceso al fuerte e impedían a los peatones llegar a los templos y zonas comerciales cercanas.
También se cortó la conexión a internet en torno al fuerte y en otros puntos de Nueva Delhi, una táctica que han empleado las autoridades en zonas del país como la disputada Cachemira para impedir que se organicen protestas. Es poco habitual que se utilice ese sistema en la capital.
La nueva ley afecta a hindúes, cristianos y miembros de otras minorías religiosas que entraron en India de forma ilegal pero pueden demostrar que sufrieron persecución religiosa en Bangladesh, Pakistán y Afganistán, tres países de mayoría musulmana. Los musulmanes no pueden acogerse a la norma.
Las voces críticas describieron la iniciativa como un nuevo esfuerzo del gobierno nacionalista hindú del primer ministro, Narendra Modi, por marginalizar a los 200 millones de musulmanes del país, incumpliendo la constitución secular del país.
Modi defendió la medida como un gesto humanitario.
El Parlamento aprobó la ley la semana pasada tras un controvertido proceso en el estado nororiental de Assam que pretendía identificar a personas que entraron de forma ilegal en el país. Casi dos millones de personas fueron excluidas de la lista, aproximadamente la mitad hindúes y la mitad musulmanes, y se les pidió que demostrasen su ciudadanía o se les consideraría extranjeros.
Además, el gobierno construía un centro de detención para algunas de las decenas de miles de personas que se esperaba recibieran veredictos judiciales de que entraron de forma ilegal. El ministro del Interior, Amit Shah, prometió repetir la operación en todo el país.
Algunos indios musulmanes temían que la maniobra fuera un medio para que los nacionalistas hindúes pudieran detenerlos o deportarlos.
Las autoridades endurecieron el miércoles las restricciones a las protestas, ampliando los cortes en internet e instaurando un toque de queda en Assam.
