El Movimiento Amplio de Mujeres (MAMPR), la Colectiva Feminista en Construcción , Taller Salud y el Proyecto Matria anunciaron que no continuarán participando en las reuniones convocadas por la actual Gobernadora, Wanda Vázquez, sobre el “Plan de Acción de Alerta a la Violencia Contra las Mujeres.”
La portavoz del MAMPR, Sara Benítez, indicó que “responsablemente hemos participado en varias reuniones durante este año que han sido convocadas desde La Fortaleza, no por iniciativa propia sino ante la presión ejercida por las organizaciones de mujeres para que se decrete un Estado de Emergencia Nacional ante el grave problema de violencia machista que existe en el país. Faltando pocos días para que finalice el año 2019 y de que comience la segunda década del Siglo XXI, no se ha declarado el estado de emergencia, no se ha concretizado un plan de acción y se sigue evadiendo los asuntos fundamentales que hay que implantar para combatir la violencia hacia las mujeres, entre ellos, el punto más importante es la incorporación de la educación con perspectiva de género en el sistema público de enseñanza de nuestro país. Por otro lado, las tres organizaciones feministas indicaron que entienden que las reuniones convocadas por la gobernadora han perdido su vigor y se han ido diluyendo para convertirse en un engaño mediático asociado a sus anunciadas aspiraciones para ser electa a dicho puesto en las elecciones de 2020.
Zoán Dávila de la Colectiva Feminista en Construcción señaló que “uno de los puntos estratégicos incluidos en el segundo borrador es para continuar investigando para recoger más evidencia del problema, sobre el cual hay suficiente información y documentación para asumir una postura contundente. Esto implica continuar reuniones y crear la ilusión de que nos ofrecen participación en el proceso y que tienen un compromiso genuino atender como se merece el problema social y de salud pública que representa la violencia contra las mujeres. Como la emergencia de que se trata, procede que el gobierno asuma las propuesta de las organizaciones que tienen décadas de conocimiento y experiencia pericial en el tema con la atención a la epidemia de la violencia contra las mujeres.“
“Cuando tuvimos la reunión del jueves 22 de agosto de 2019, hubo consenso entre las organizaciones sobre la necesidad de decretar un Estado de Emergencia por la violencia de género, de establecer un plan para atender este problema y de generar medidas para prevenirlo. Como respuesta a ese consenso, surgió un llamado por parte de la Gobernadora, para que cada organización propusiera cinco medidas para atender la violencia de género con el fin de ser evaluada.”, expresó Tania Rosario de Taller Salud. Varias de las organizaciones allí representadas, junto a otras integrantes de organizaciones feministas, recopilaron propuestas en consenso.
En el caso del Movimiento Amplio de Mujeres, la Colectiva Feminista en Construcción, El Proyecto Matría, Taller Salud y la Coordinadora Paz para las Mujeres, propusieron que el Estado de Emergencia se enmarcara en cinco temas: campañas preventivas, educación con perspectiva de género; seguridad; techo seguro y cero impunidad.
El 22 de noviembre de 2019, Fortaleza volvió a convocar a un grupo de organizaciones que habían sometido propuestas. La Gobernadora entregó un borrador de un Plan de Acción de Alerta ante la Violencia contra las Mujeres y se acordó que las organizaciones sometieran revisiones al mismo. El 2 de diciembre de 2019, el Movimiento Amplio de Mujeres, el Proyecto Matria y la Colectiva Feminista en Construcción sometieron sus propuestas de revisiones al borrador del Plan de Acción sugerido por la Gobernadora.
El lunes, 23 de diciembre las organizaciones participantes recibieron otro borrador del Plan de Acción. Las portavoces de las cuatro organizaciones feministas establecieron que “al leer el mismo encontramos que el Plan de Acción enviado continúa sin reconocer lo imperativo de declarar un Estado de Emergencia, pese a todas las recomendaciones de quienes atienden de primera mano los casos de violencias por razón de género, que además se ha convertido en un consenso del pueblo puertorriqueño, incorporado en las múltiples y masivas manifestaciones que se han estado llevando a cabo en el país desde el combativo verano de 2019. Las organizaciones feministas hemos insistido en la urgencia de declarar la Emergencia y no una Alerta ante la violencia machista porque ello tendría como consecuencia asegurar que se implanten estrategias que garanticen la atención efectiva a las víctimas sobrevivientes de violencia de género, que se asignen los recursos necesarios y se le dé seguimiento continuo a que todas las agencias gubernamentales cumplan con los protocolos y procedimientos ya establecidos para atender la violencia de género. Dicha declaración de Emergencia implicaría también un mandato a toda agencia y funcionaria gubernamental a trabajar en contra de la violencia, en temas diversos como la integridad física y económica, vivienda y acceso a la justicia. En el país hay un consenso de que existe una situación de emergencia con respecto al problema de la violencia por género. La Declaración de Emergencia establece una aceptación nacional de la urgencia de atender adecuadamente las fallas en el sistema con respecto a la implantación de todas las políticas públicas relacionadas con el problema de la violencia de género y de reconocer la complejidad de dicho problema.”
Sara Benítez, también declaró que “el más reciente borrador del Plan de Acción evade asumir un compromiso concreto en el tema fundamental de la perspectiva de género. Insistimos en que es urgente reintegrar la educación con perspectiva de género en el currículo de todas las escuelas públicas, incorporar materiales y guías curriculares dirigidos a educar de manera explícita sobre la equidad de género, los derechos humanos, la valorización de la diversidad y la inclusividad, las diversas manifestaciones de violencia por razón de género, así como sus causas y consecuencias.” Mientras que Amárilis Pagán, indicó que “el Plan de Acción debe incorporar la revisión de los diseños curriculares completados entre 2015 y 2016 que ya contaron con el insumo de expertas y comités de revisión dentro del Departamento de Educación. La actual gobernadora le dio visto bueno siendo Procuradora de las Mujeres. Este trabajo quedó pendiente cuando la ex Secretaria de Educación y ahora acusada por corrupción, Julia Keleher, derogó la Carta Circular para la Equidad de Género en la Educación. Solo faltaba completar el adiestramiento del personal de la agencia y comenzar la implantación de los módulos.”
Finalmente, Zoán Dávila, apuntó que “a pesar de que la Fortaleza ha incumplido con las fechas acordadas para entregar los borradores del “Plan de Acción” y que inclusive nos cancelaron la reunión pasada, nosotras hemos cumplido con nuestra parte y también con la que le hubiese correspondido a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, cuya eficiencia está en entredicho. Hemos presentado dos documentos extensos con nuestras propuestas, propuestas que son basadas en evidencia y el resultado de más de 20 años de experiencia y trabajo. El documento entregado no incluye los elementos que identificamos como fundamentales y es una muestra más de la falta de compromiso y entendimiento de las personas que gobiernan el país. Nosotras continuaremos defendiendo los derechos humanos de las mujeres porque tenemos derecho a vivir en paz, con dignidad y equidad.”
