La presidenta interina de Bolivia declaró el lunes personas no gratas a la embajadora de México y a la encargada de Negocios y el cónsul de España, a quienes dio 72 horas para abandonar el país tras la aparición de “encapuchados” españoles en la embajada mexicana en La Paz.
El gobierno de España rechazó las acusaciones, a las que calificó de “gesto hostil” y en respuesta ordenó la expulsión de tres diplomáticos bolivianos.
“Este grupo ha lesionado al pueblo y al gobierno constitucional. Su conducta hostil, intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia, desafiando a oficiales bolivianos, son hechos que no podemos dejar pasar”, dijo la mandataria Jeanine Áñez en una declaración que leyó a la prensa en la casa de gobierno.
Cuatro funcionarios de seguridad de la embajada de España en Bolivia acudieron el viernes con el “rostro cubierto y presumiblemente armados” a la residencia de la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, donde están asilados nueve exfuncionarios del exmandatario Evo Morales a quienes el gobierno boliviano rechaza concederles un salvoconducto y los acusa de delitos comunes, según denunció la canciller Karen Longaric.
Las cancillerías de España y México afirmaron, por separado, que se trató de una “visita de cortesía” de la encargada de Negocios de España, Cristina Borreguero, a Mercado y que no hubo intención de liberar a los refugiados bolivianos.
Pero Áñez calificó de “inconsistentes” esas explicaciones. “No se puede montar semejante atropello para cumplir una visita de cortesía”, dijo.
El gobierno español rechazó “tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en asuntos internos de Bolivia” y tildó las afirmaciones de “falsas teorías conspiratorias”.
“España exige que el actual gobierno interino de Bolivia reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones y recupere el buen sentido de confianza entre nuestros países”, dijo el gobierno español en un comunicado.
Añez agregó que la expulsión también se aplica al cónsul español Álvaro Fernández “y al grupo de presuntos diplomáticos encapuchados y armados” que protagonizaron el incidente. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció la víspera que seis agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) español ya habían dejado el país el fin de semana.
“Bolivia no es colonia de nadie, la democracia y el gobierno constitucional se respetan. Tenemos en alta estima a los pueblos de España y México… pero no podemos tolerar abusos y prepotencia de sus gobernantes que tratan de proteger a criminales que han cometido delitos de sedición, alzamiento armado y terrorismo”, señaló la mandataria.
Entre los asilados en la residencia de la embajadora de México figura Juan Ramón Quintana, exministro de la presidencia y brazo derecho de Morales, a quien el gobierno acusa de financiar y organizar violentas protestas que dejaron 35 muertos y que derivaron en su renuncia el 10 de noviembre y su posterior asilo en México.
En una rueda de prensa posterior a la declaración de Áñez, Longaric aclaró que la expulsión de los tres diplomáticos no implica una ruptura de relaciones con esos países y agregó que recibió las disculpas del caso por parte de la ministra de Asuntos Exteriores de España.
Pro casi inmediatamente Madrid a ordenó la salida del encargado de Negocios de Bolivia, Luis Quispe, del agregado militar Marcelo Vargas y del agregado policial Fernando Oblitas.
México protestó la semana pasada por una excesiva presencia policial en la residencia de su embajadora. Longaric explicó que fue la embajadora mexicana quien solicitó un mayor resguardo.
Según una nota de prensa del gobierno mexicano, un coche diplomático español regresó a la residencia de la embajadora mexicana a recoger a Borreguero y Fernández cuando fueron interceptados por agentes bolivianos y después por ciudadanos.
Las relaciones con México se tensaron después que ese país concedió el asilo a Morales, quien renunció a la presidencia en medio de fuertes protestas tras una auditoría de la OEA que detectó graves irregularidades en los comicios presidenciales.
Morales, ahora refugiado en Argentina, buscaba un cuarto mandato en los anulados comicios del 20 de octubre. Áñez asumió la presidencia interina para organizar nuevos comicios, que posiblemente se realicen en abril de 2020.
El lunes, grupos de manifestantes se apostaron afuera de la residencia de la embajadora mexicana y de la sede diplomática española para rechazar una eventual liberación de los asilados con carteles en los que se leía “la soberanía de Bolivia se respeta”. “Son expresiones del pueblo que no podemos limitar”, dijo Longaric.
El exministro de Justicia Héctor Arce, otro de los asilados y acusado de presunto fraude electoral, dijo en Twitter que jamás consideró “una salida ilegal de Bolivia”. También están asilados la exministra de Culturas, Wilma Alanoca; el exministro de Defensa, Javier Zabaleta; el exministro de Minería César Navarro y el exgobernador Víctor Hugo Vásquez, todos acusados de sedición.
El expresidente Morales también tiene una orden de aprehensión por presunta sedición y terrorismo.
La decisión de Áñez también fue recibida con críticas en Bolivia. La presidenta del Senado, Eva Copa, dijo que la mandataria debería “repensar su posición” y considerar que España ayudó en la mediación que permitió el regreso de la paz a Bolivia tras la convulsión del mes pasado. Copa es del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales.
