Iniciamos ayer el 2020, año electoral y la verdad que cuando uno echa un vistazo al pasado año tiene que concluir que nuestra clase política no ha aprendido mucho en lo que ha trancurrido de este cuatrenio.
Durante la administración del ex-gobernador Alejandro García Padilla se rompió la burbuja y se reconoció por vez primera que no teníamos la capacidad de pagar la deuda de alrededor de 72 billones y que el panorama sería mucho más complicado que la medicina amarga de la que nos habló Luis Fortuño en el 2009. Hoy, completando el ciclo de 10 años desde aquel entonces, el comportamiento político-gubernamental no ha variado mucho en la administración pública.
La situación llegó al punto que, en ésta década (que culmina este 2020), nos impusieron una Junta de Supervisión Fiscal (JSF), y aún así en este cuatrenio se ha intentado actuar, como si no existiera. Pasó, por ejemplo, con el bono de navidad de los empleados públicos, que aunque bajo el mandato de Wanda Vázquez se pudo negociar con la JSF el pago, la administración de Ricardo Rosselló lo hizo en contra de la determinación del organismo federal dos veces.
Bajo Rosselló fueron tres años de resistencia, de confrontaciones con la JSF y se pensaba que se estaba teniendo éxito, que los estábamos venciendo y que nos la estabamos “comiendo cruda y sin sal”. Hoy hay un “llori-party” porque nos tienen fondos federales aguantados. El presidente Donald Trump expresó preocupación en multiples ocasiones por el dinero que se envía a Puerto Rico y que éste vaya a ser mal utilizado, botado en politiquería y corrupción. Aunque viniendo de él puede verse, con razón, como parte de un discurso racista, dígame usted qué hemos hecho para decir que eso es falso y que Puerto Rico ha demostrado tener la voluntad de cambiar las malas mañas que nos han traído a donde estamos. ¿Resistir la JSF? ¿Julia Keleher, Angel Figueroa, Ángie Ávila, Velázquez Piñol, entre otros? Cierto es que, fuera de Angel Figueroa en el Senado, los demás no se han declarado culpables de corrupción, pero el mero arresto es suficiente en política para afectarnos. No digo que la resistencia a la Junta y los casos de corrupción de este cuatrenio sean la única razón para aguantar fondos federales, pero deben aportar significativamente a la falta de confianza que nos tienen.
El martes pasado le pregunaba a mi compañero Enrique Cruz si luego de el verano pasado la clase política había aprendido algo y su respuesta fue un categórico “¡No!”, argumentando que uno vé hoy el comportamiento de los políticos y es el mismo de abril, mayo y junio pasado, antes de la caída de Ricardo Rosselló. Eso es cierto. Uno los escucha y la politiquería es la misma.
Volvimos al gobierno que teníamos antes del verano en el sentido de que las decisiones vuelven a tomarse a base del efecto que vaya a tener en las elecciones.
En el 2017, para cumplir con el Plan Fiscal de la JSF, se redujeron los días vacaciones y enfermedad a los empleados públcos. El mismo día que la gobernadora Wanda Vázquez anunció su aspiración a la gobernación el pasado 16 de diciembre, le anunció a los empleados públicos que les volvería a aumentar los días de vacaciones y enfermedad. Días después le anunció un aumento de salario a los bomberos. Ambas acciones no cuentan con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal. Esto contrasta con las acciones de la gobernadora para con el bono de navidad, antes de su anuncio, que buscó sentarse con la Junta y tener su aval. El gobierno federal prohibió las peleas de gallos y al día siguiente de anunciar que correrá en elecciones, Vázquez firmó la ley que permite dichas peleas.
Como dice “El Amolao”: “¡Esto se jodió!”. El que tenía la esperanza de que las cosas cambiarían después del verano y que con la llegada de Wanda Vázquez se comenzaría a tomar medidas serias, maduras en terminos fiscales, y no políticas, solo pensando en la pesca de votos, sin importer los efectos presupuestarios o si nos afecta en Washington, pues nos equivocamos. Todo esto demuestra que no aprendimos mucho.
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