La declaración de emergencia firmada por el presidente Donald Trump tras los sismos del 6 y 7 de enero solo cubre asistencia pública para refugios, remoción de escombros y demolición de estructuras, pero carece de ayuda para residencias o vivienda transitoria, advirtió el miércoles, la organización Ayuda Legal Puerto Rico.
“La declaración de emergencia tampoco incluye asistencia para reponer propiedad personal o reparar viviendas. Esto es inaceptable”, declaró en comunicación escrita la licenciada Adriadna Godreau, directora ejecutiva de la organización de trabajo legal comunitario.
Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) advirtió sobre el limitado alcance de la declaración de emergencia aprobada por el gobierno federal.
“Esto agrava la vulnerabilidad de las comunidades que más de dos años después de los huracanes del 2017 todavía esperan asistencia para reparar sus hogares. Es inaceptable que las personas duerman a la intemperie. Este proceso requiere asistencia inmediata, incluyendo viviendas transitorias, vouchers o vales para hoteles, entre otros, y es responsabilidad del municipio y del gobierno central”, denunció.
Godreau recordó que la organización ha denunciado lo inadecuado de la respuesta del gobierno a los pasados huracanes, incluyendo la denegatoria de más del 62 por ciento de las solicitudes de asistencia de la ciudadanía.
“Ocho de cada 10 apelaciones de ayuda presentadas a FEMA por los desastres de Irma y María, fueron denegadas”, apuntó la licenciada Verónica González, abogada comunitaria de ALPR. “A miles de familias sin títulos formales de vivienda se les denegó injustamente asistencia. Ayuda Legal Puerto Rico, junto a otras organizaciones, denunció este hecho y logró que se aprobara un documento uniforme para que las personas dueñas sin título pudieran arreglar sus casas. No podemos repetir esta historia con los terremotos”.
La organización también había denunciado el manejo inadecuado de los fondos CDBG-DR, de los que se asignaron 9.7 mil millones de dólares a Puerto Rico. El Departamento de la Vivienda ya tiene 1.5 mil millones de dólares bajo su poder y debía destinar 75 millones de dólares a centros de resiliencia en distintos municipios. Hay otros 825 millones de dólares dirigidos al programa de reparación, reconstrucción y reubicación de viviendas.
Aunque se asignaron miles de millones en fondos a Puerto Rico después de María, al día de hoy, ni un solo centavo ha llegado a las viviendas afectadas, a pesar de que se estima que existen más de 20 mil con toldos azules.
“Los centros de resiliencia debían ser destinados a brindar apoyo para desastres, resolver funciones críticas y mejorar la resiliencia. Podrían ser usados para este desastre por los terremotos del suroeste, pero en una conferencia reciente, el secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, admitió que este proyecto no se ha comenzado”, dijo Godreau.
González indicó que de sus visitas a las comunidades alrededor de la Isla, pudo constatar que las personas desconocen de la existencia de este programa. “Hemos denunciado que el proceso de solicitud es inaccesible, que existe la amenaza de desplazamientos de comunidades pobres y que no se contempla la mitigación. Se ha gastado cerca del 40 por ciento en contratos privados sin haber aún reparado una sola vivienda. A esta fecha, el Departamento de la Vivienda cerró el proceso de solicitud, aduciendo que ya se llegó a la capacidad financiera límite. No ha llegado un centavo a ninguna vivienda”.
Ayuda Legal Puerto Rico anunció que estará llevando brigadas de apoyo legal comunitario a Ponce, Yauco, Guánica, entre otros pueblos, en las próximas semanas. También tendrá información disponible en recuperaciónjustapr.com.
El próximo martes 14 de enero a las 3:00 de la tarde estará ofreciendo un adiestramiento en línea para abogados. Las personas interesadas deben comunicarse al email probono@ayudalegalpr.org.
