La Federación de Maestros de Puerto Rico exhortó el domingo a las comunidades escolares a exigir se divulgue toda la información sobre las condiciones de las escuelas, se identifiquen aquellas que son vulnerables a movimientos sísmicos y se establezca un plan urgente de mitigación que garantice la seguridad y la vida de estudiantes, maestros y demás personal.
El Colegio de Ingenieros y Agrimensores indicó que sobre 500 escuelas no son seguras, mientras que el Secretario de Educación Eligio Hernández admitió que el 95% de los planteles no resisten un terremoto.
Ante esta alarmante situación, la Federación rechazó el reinicio del semestre escolar el 21 de enero hasta tanto no se cumplan con sus reclamos.
Entre los reclamos, exigen la publicación del listado de las 500 escuelas señaladas por el Colegio de Ingenieros con problema de columna corta y que se les permita a esta asociación realizar una intervención y supervisión de las inspecciones y las certificaciones que se emitan de los planteles.
Sobre las evaluaciones a los plantes, exigieron que se publique, de igual forma, digitalmente y en el tablón de edicto de cada escuela copia del Informe Oficial del Ingeniero Estructural que evaluó el plantel, incluyendo todos sus hallazgos.
Por otra parte, también exigen que la gobernadora Wanda Vázquez Garced ordene “verdaderas inspecciones” dirigidas a determinar si las estructuras escolares son resistentes a terremotos como base para establecer un plan acelerado de corrección de deficiencias, a la vez que hicieron responsable a la primera mandataria “de cualquier desgracia que ocurra”.
“Que se divulgue el informe que hizo el Cuerpo de Ingenieros en el 2017 sobre la condición de las escuelas y dónde se marcaron muchas de ellas con códigos rojo y amarillo en señal de deficiencias. Debe certificarse si las fallas que se señalaron fueron o no corregidas”, lee un parte e prensa, mientras también exigieron que se inspeccionen las escuelas que fueron cerradas por el gobierno, “para que se reabran en este plan de mitigación”.
En cuanto al inicio de clases, la Federación pide se realicen asambleas de padres, maestros, estudiantes y otro personal, donde se establezca un protocolo de emergencia sobre qué debe hacerse antes, durante y después de un terremoto. “El gobierno debe ofrecerle alternativas a las comunidades escolares cuando se determine que un plantel no está apto para funcionar sin riesgos y señalar el plan a ejercer en ese caso”, lee el documento.
Que el gobierno facilite los servicios terapéuticos a maestros, estudiantes y demás personal que se sientan afectados por la situación de crisis que atraviesa el país.
“Creemos que no sería responsable iniciar el semestre hasta tanto no se satisfagan estos reclamos. Las autoridades deben entender que aquí de lo que se trata es de la vida de estudiantes, maestros y otro personal. Cualquier excusa para no cumplir con un procedimiento transparente, que refleje el estado real de las escuelas y busque la protección de la comunidad escolar, constituirá un acto de negligencia criminal”, expresó la presidenta Mercedes Martínez Padilla.
“Las comunidades escolares deben estar alertas y movilizarse para exigir planteles seguros y libres de riesgo. No dejemos que la experiencia de María, con su estela de sufrimiento y muerte se repita”, concluyó.
