La presidenta de la Asociación de Maestros (AMPR), Elba Aponte, anticipó que el inicio de clases el 22 de enero, como está programado, “no va a ocurrir”, ni siquiera en aquellos planteles del sistema público que hayan sido certificados como estructuralmente aptos por el Departamento de Educación.
“Decir que va a ocurrir un inicio escolar normal para las 856 escuelas, eso no va a ocurrir. Podría haber un inicio escolar para unas partes y no con los niños. Principalmente (podrían reportarse inicialmente) directores, consejeros escolares, maestros, ese va a ser el proceso y que los padres vayan en unas casas abiertas”, indicó Aponte en conferencia de prensa.
“Posiblemente para el 28 puedan comenzar unos niños. Eso es lo que se espera si no ocurre nada, porque estamos día a día”, agregó la líder sindical, quien considera que las escuelas de las regiones de San Juan y Caguas podrían ser las primera en reabrir.
Según la información que maneja la AMPR, el gobierno, a través de varias compañías, ha inspeccionado 396 planteles, de los cuales 110 corresponden a la región escolar de Ponce, donde estarían los principales daños.
De acuerdo con Aponte, de esas 110, 64 habrían sido certificadas preliminarmente.
La presidenta de la AMPR, sin embargo, no se mostró alarmada con el hecho de que las inspecciones ordenadas por el Departamento de Educación, se limiten a corroborar que las estructuras no hayan sufrido daños por los terremotos, y no buscan auscultar si los planteles serían resistentes a terremotos mayores que ocurran en su proximidad.
“Es impredecible saber si una estructura ante un terremoto de (magnitud) ocho punto algo vaya a resistir o no sufrirá algún daño. Eso es impredecible. Pero sí tenemos que garantizar que (según) los hallazgos que se tengan en la escuela se tomen unas medidas antes de abrirlas. Porque ahí van a estar nuestros niños, ahí van a estar nuestros maestros y nuestros padres”, sostuvo Aponte.
A atender el aspecto emocional
La AMPR propone, asimismo, que, una vez comiencen las clases, se tome una serie de medidas para atender el daño psicológico que los eventos naturales hayan provocado en integrantes de las comunidades escolares.
Por ejemplo, el sindicato considera que inicialmente se debe trabajar en un horario abreviado, y que deben plantearse alternativas como ofrecer clases en espacios abiertos, como los patios de los planteles.
La secretaria general de la Local Sindical, Grichelle Toledo, instó a las autoridades escolares a crear una “cultura de emergencia”, mediante la celebración periódica de simulacros, así como actualizar los planes de desalojo de planteles.
“Solicitamos que las escuelas cuenten con un plan de acción (ante emergencias) uniforme”, puntualizó Toledo.
Aponte además apuntó que algunos de los planteles clausurados en años recientes podrían reabrirse, aunque reconoció que al momento no existe un inventario completo de estas estructuras en desuso.
Al preguntársele sobre el impacto de la racha de movimientos telúricos sobre la matrícula de la AMPR, Aponte detalló que tienen conocimiento de 42 maestros cuyas viviendas se perdieron o sufrieron daños mayores.
Para atender a maestros refugiados, la líder la AMPR indicó que se llegó a un acuerdo con la Universidad Carlos Albizu para que provean recursos de apoyo psicológico en distintos puntos de la región sur del país.
“Los maestros del área de Ponce y el área sur están destruidos. Esa es la palabra. Por eso es que nosotros recomendamos que se lleve cierta dinámica para que puedan ventilar antes de comenzar (el semestre)”, dijo Aponte.
