La exsecretaria de Educación, Julia Keleher se entregó hoy a las autoridades federales, tras ser acusada por otro caso no relacionado al que ya enfrenta por corrupción.
La abogada de Keleher, María Dominguez confirmó a Metro que su clienta comperecerá ante un magistrado en Filadelfia y que no planifica venir a Puerto Rico para hacer su alegación de no culpabilidad. Este trámite se hará por escrito.
Según reportó la periodista de SBS Lymaris Suárez se trata de una nueva acusación “por presunto esquema de soborno, fraude electrónico y privar al pueblo del servicio honesto”.
Keleher fue acusada, en esta ocasión, junto al empresario al empresario Ariel Gutiérrrez , quien en el pasado había enfrentado un proceso judicial por fraude bancario. Esta mañana se había confirmado que se diligenciaban órdenes de arresto federal en el complejo de vivienda Ciudadela donde en su momento residía Keleher.
El juicio por el caso de Educación está programado para este año 2020. La defensa de la ex secretaria de Educación ha solicitado que el juicio por corrupción se traslade a otra jurisdicción por exceso de publicidad, pero la fiscalía se opone.
En ese primer caso, hay dos esquemas que se le adjudican a Keleher. El primero consistía en presuntamente desviar contratos entre la agencia y la empresa Colón y Ponce. Esto se logró a través de una subasta corrupta en la cual a Colon y Ponce se les ofreció ventaja competitiva por tener una relación estrecha entre Keleher y las hermanas Ponce Mendoza.
Mientras Glenda Ponce Mendoza trabajaba como asistente de Keleher, supuestamente ayudó a su hermana Mayra Ponce Mendoza a obtener un contrato en el DE. Mayra envió por correo electrónico la propuesta a su hermana. Luego de recibir la propuesta, Keleher dio instrucciones para que se diera el contrato.
El 23 de mayo de 2017, el Departamento federal de Educación le advirtió a Keleher que tenía que cumplir con los reglamentos para otorgar contratos, en referencia a lo ocurrido con el contrato Colon y Ponce. Luego de la advertencia y de haber evaluado cinco propuestas, se enmendó la solicitud de propuestas (RFP) para que se cortaran las horas a no menos de 6 meses. Al recibir la enmienda, Mayra Ponce Mendoza se la envió a su hermana, quien la refirió a una persona que trabajaba en la empresa Keleher y Asociados para que la ayudara con las enmiendas. El 25 de mayo de 2017 se envió una comunicación interna en la que se daba cuenta que Colón y Ponce eran los agraciados con el contrato.
En la segunda conspiración, Keleher, Alberto Velázquez Piñol y Fernando Scherrer- Caillet alegadamente conspiraron y acordaron entre ellos y otros individuos conocidos y desconocidos al Gran Jurado, para robar más de un millón de dólares en fondos pagados por el DE a BDO. El propósito de la conspiración y el esquema de defraudar de los implicados fue por utilizar su posición en el Gobierno de Puerto Rico para beneficiarse y enriquecerse a través de fraude y robo de fondos del gobierno.
“BDO utilizó el acceso e influencia que tenía Velázquez Piñol sobre Keleher para someter propuestas y obtener contratos en exceso de 13 millones de dólares en el DE. Dichos contratos serían pagados con fondos federales. Ambos contratos tenían unas cláusulas en las que se prohibía la subcontratación y el pago de cabilderos. BDO incumplió con ambas cláusulas. BDO utilizó fondos federales para pagarle comisiones de 10 por ciento de los valores de los contratos a Velázquez Piñol. Velázquez Piñol recibió aproximadamente 219, 059 dólares por su servicio”, sostuvo la entonces fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez en conferencia de prensa.
