La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denunció ayer como peligroso lo que señalan como un patrón de censura a expresiones públicas por parte de diversas autoridades. La denuncia se refiere a la censura en redes sociales de comunicaciones relacionadas al manejo de la emergencia por los movimientos sísmicos y fallas en la distribución de ayudas, así como la censura a la Orquesta Macabeo en las Fiestas de la Calle San Sebastián.
“Aparentemente, ahora no sólo tenemos que preocuparnos por los huracanes y terremotos devastadores, los meteoritos, y la posibilidad de un tsunami; sino que, si nos atrevemos denunciar nuestros disgustos y delatar políticos por sus malas ejecutorias, tenemos que preocuparnos por un tsunami de censura de expresión que nos amordaza a todos los niveles de gobierno. La expresión, en todas sus vertientes, es un derecho cobijado por la Constitución de Puerto Rico, y la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos; además, es un preciado derecho en el ámbito de los derechos humanos. Delatar las malas ejecutorias de nuestros representantes políticos es una de las pocas formas disponible al pueblo para exigir rendición de cuentas y transparencia en gobierno”, expuso la ACLU en un comunicado firmado por su director ejecutivo William Ramírez. En la comunicación se apunta a censuras en redes sociales a entes que denuncian el mal manejo de ayudas, “seguramente por petición de algún agente de gobierno”.
También se hace alusión al incidente que culminó con la cancelación de la presentación de la Orquesta Macabeo en las Fiestas de la Calle San Sebastián. “El Grupo Macabeo denuncia que anoche, en las Fiestas de la Calle San Sebastián, le fue cancelada su presentación musical, y que ellos fueron escoltados a una guagua saliendo de San Juan, debido a un mensaje en la camiseta de uno de los músicos. Lo que, de ser confirmado, constituye censura por expresión política”, expone el comunicado.
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“Amapuchar expresiones del pueblo contra las malas ejecutorias del gobierno, o violaciones de derechos fundamentales, atenta contra el derecho de un pueblo que ya está seriamente lastimado por los fenómenos atmosféricos de los últimos años, y que por la incesante corrupción ha dejado de confiar en sus gobiernos estatal y municipales. Amordazar cualquier esfuerzo de la ciudadanía de informar al pueblo no es solo una violación a un derecho fundamental principalísimo en nuestro ordenamiento constitucional, sino que podría constituir además un golpe mortal a lo que nos queda de democracia. Ahora se sugiere que la intervención de personas en el delatado almacén ponceño podría ser causa para acusar por escalamiento; sin embargo, de proceder con estas acusaciones el gobierno tendrá mayor preocupación, ya que muchos de los suministros allí encontrados llevan la estampa de agencias federales. Creemos que habla por sí mismo”, concluye Ramírez en el comunicado de prensa.
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