El designado secretario de Estado, Elmer Román, rehusó asumir responsabilidad por la falta de un inventario de los suministros guardados en el almacén de Ponce, a pesar de que hasta diciembre fungió como secretario de Seguridad Pública, agencia sombrilla del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), entidad encargada de realizar dicho inventario.
“Cuando yo era secretario de Seguridad Pública mis funciones bajo la Ley 20 era asegurar que la parte administrativa se establezca y que se ejecuten los planes que, en este caso, (correspondían) al comisionado de Manejo de Emergencias. Tiene que estar bien claro que era responsabilidad del comisionado en este momento hacer un inventario y asegurarse que una vez concluyera la emergencia se sacaran todos esos suministros”, dijo Román, en alusión al destituido comisionado de Nmead Carlos Acevedo.
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Román agregó que, en la versión del Plan Catastrófico firmada en agosto de 2019, él, como jefe del Departamento de Seguridad Pública (DSP), “dejé las instrucciones de que se va a hacer un inventario de lo que está ahí (en el almacén) y, una vez transcurra la emergencia, cualquier suministro se va a distribuir”.
El funcionario se eximió de responsabilidad con relación a la respuesta a la serie de terremotos que comenzó el pasado 28 de diciembre, recordando que ocho días días antes dejó el DSP para asumir la jefatura del Departamento de Estado.
“No le he fallado al país. Yo hice mi trabajo y me aseguré que se hicieran las cosas. Ese inventario lo que te puedo decir es que (ordené) que si hubiera una botella de agua o un pañal (en el almacén) eso saliera”, sostuvo Román.
El ahora secretario designado de Estado dijo que ya se hicieron “correcciones” para que este tipo de situación no vuelva a ocurrir.
En manos de Justicia acciones legales
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Aunque Román tuvo la oportunidad de revisar el informe elaborado por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) con relación al manejo del almacén de Ponce, y que anoche la gobernadora Wanda Vázquez refirió a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, declinó entrar en detalles sobre su contenido o las posibles acciones que se tomarán a partir de la investigación.
“Ese reporte va a decir prácticamente que no se siguió el plan operacional como estaba establecido. (La responsabilidad) en este caso era del comisionado Acevedo y el Departamento de Seguridad Pública”, indicó Román.
Al preguntársele si del informe podrían derivarse procesos judiciales contra funcionarios, Román planteó que “eso tengo que dejárselo a Justicia. El informe establece que hay que referirlo a Justicia para que entonces se haga la investigación pertinente. (La decisión de publicar o no el informe) le corresponde al Departamento de Justicia”.
