Estudiantes de bachillerato que desataron el estallido social en Chile en octubre volvieron a tomar el lunes las estaciones del metro y generar disturbios en algunas sedes donde se rendía la prueba de ingreso a la universidad, a la que se oponen por considerarla un sistema de selección injusto.
Por el momento 41 personas han sido detenidas en todo el país por incidentes vinculados con el examen, indicó la policía a The Associated Press.
Sin embargo, las autoridades minimizaron el impacto de las protestas. Dijeron que en el 98% de los locales se pudo rendir la prueba efectivamente. La prueba debía ser realizada por unos 230 mil estudiantes.
En Chile existe una enseñanza claramente estratificada: de los 3,5 millones de estudiantes en torno del 35% concurre a escuelas públicas gratuitas, un 55% asiste a colegios particulares con subvención estatal y cerca de un 8% a institutos privados. La calidad de la enseñanza que reciben se refleja en los resultados de la PSU.
Debido al estallido social del 18 de octubre y las multitudinarias manifestaciones y olas de violencia que lo siguieron, las autoridades suspendieron la prueba en noviembre y diciembre.
Nunca desde el inicio de la aplicación de la PSU en 1996 se habían registrado problemas.