A 30 días del terremoto de 6.4 grados que estremeció a todo Puerto Rico —y en particular a la zona sur— una sexta parte de los 78 municipios aún no cuenta con una sola escuela pública abierta, algunos que ni siquiera están en la zona más abatida, y tampoco figuran entre los pueblos que se beneficiarán de la próxima ronda de aperturas, pautada para esta semana.
Entre esos 13 municipios donde aún no se vislumbra la fecha en que alguna de sus escuelas abra sus portones, se encuentran ocho ubicados en regiones educativas de Ponce y Mayagüez, las áreas más impactadas por la actividad sísmica. Sin embargo, tampoco abrirán planteles en otros cinco pueblos: Culebra, Yabucoa, Lares, Cayey y Gurabo.
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“El impacto (de los temblores) aquí ha sido mínimo. Entiendo que las clases debieron haber comenzado hace varias semanas, pero hay que seguir el protocolo”, señaló el alcalde de Culebra, William Iván Solís.
En la isla municipio, el único plantel público fue inspeccionado la pasada semana. Según Solís, la estructura, que alberga a alumnos, desde kínder a cuarto año, no sufrió daños aparentes, pero dado que no ha se ha recibido el documento que la certifica como “apta”, no sabe cuándo comenzará a recibir estudiantes.
Según la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, el retraso en el comienzo de clases es parte de un “plan orquestado” para cerrar y privatizar escuelas.
“El Departamento de Educación podría haber empezado el semestre en todos los pueblos si quisieran porque hay alternativas. Pero no lo han hecho porque son unos negligentes, incompetentes y mediocres que están jugando con la salud mental del pueblo”, dijo Martínez, quien opinó que la agencia debió haber convocado a las comunidades escolares para adiestramientos en el manejo de desastres y, acto seguido, comenzar el semestre mediante recursos como los horarios de interlocking y el uso de carpas y otros espacios para ofrecer clases.
La presidenta de la Asociación de Maestros, Elba Aponte, considera que las dilaciones en el proceso podrían provocar la fuga de estudiantes, de forma similar a lo que ocurrió luego del huracán María.
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“No entendemos por qué las escuelas del área norte y el área central no han empezado. Empezar las inspecciones por el área sur fue una falla, porque se sabía que los terremotos en la zona iban a continuar”, señaló la líder sindical.
En el caso de Lares, el recién juramentado alcalde, José Rodríguez Ruiz, mencionó que no ha recibido las certificaciones para ninguna de las “alrededor de 10” escuelas en el municipio. Ante esa realidad, estimó que restarían al menos dos semanas para que los planteles comiencen a recibir estudiantes.
El secretario de Educación, Eligio Hernández, no respondió a un pedido de entrevista de Metro. Sin embargo, en una ponencia sometida ayer a la Cámara de Representantes, la agencia precisó que se han inspeccionado 737 de las 857 escuelas del sistema, de las cuales 427 se han certificado como aptas y 331 habrán reabierto al concluir esta semana.
Según el documento, “234 escuelas se encuentran aptas parcialmente y la cantidad de 69 escuelas están calificadas como no aptas. El resto están inspeccionadas pero no reportadas (7)”.
La alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera, teme que, con cada día que pase, el “rezago” de los estudiantes sea mayor, por lo que el municipio ha habilitado centros comunales para que estudiantes de Educación Especial reciban sus terapias. “Estoy en la mejor disposición de ayudar, pero todo depende del departamento”.
En tanto, el ejecutivo municipal cayeyano, Rolando Ortiz, consideró que la responsabilidad de Educación en este contexto es “titánica”.
“No hay espacio para otra cosa que no sea la solidaridad, independientemente del partido al que pertenezcamos”, dijo el ejecutivo popular, en cuyo municipio no hay planes para reabrir ninguno de los 14 planteles públicos.
