La meta del Gobierno, de que antes de que culmine marzo no queden personas desplazadas a raíz de los deterioros provocados por la incesante actividad sísmica, se enfrenta al reto de su propia ineficiencia para asistir a ciudadanos cuyas viviendas se hayan convertido en inhabitables por los daños sufridos, denunció la organización Ayuda Legal.
“Uno de los mayores problemas es, ciertamente, la dilación en la respuesta. Lo vimos a través del proceso de (los huracanes) Irma y María, que a dos años y unos meses, las personas todavía no tienen techo. Lo vimos con el programa de fondos federales CDBG-DR para reparación y construcción de viviendas, donde se abrieron las solicitudes en julio 31 y todavía nadie ha recibido ni una tachuela. Y lo estamos viendo ahora, donde la tardanza en la solicitud de declaración desastre mayor atrasa el proceso para (el programa) de asistencia individual”, afirmó la directora ejecutiva de Ayuda Legal, Ariadna Godreau.
Para la abogada, la solución comienza por mejores procesos de planificación. En ese sentido, urgió a hacer públicos inventarios de propiedades vacías que puedan servir como hogar temporal o permanente a damnificados.
“(Es necesario) que podamos imponer responsabilidad a entidades financieras que tienen propiedades que se quedan abandonadas. No debe haber casas sin gente, ni gente sin casas”, sostuvo Godreau.
Santos “Papichy” Seda, alcalde de Guánica, uno de los pueblos más golpeados por los constantes terremotos, hizo un llamado a que “evitemos la burocracia” que retrasa los procesos de recuperación.
“Mientras estamos pensando en la burocracia, hay gente nuestra que todavía está en una incertidumbre y un colapso emocional. Yo sé que las cosas hay que hacerlas en ley y reglamento, pero creo que debemos ser más ágiles”, indicó el ejecutivo municipal en entrevista radial (WKAQ).
La pasada semana, el Gobierno informó que más de 800 casas inspeccionadas habían sido clasificadas como “rojo” o “amarillo”, para significar que habían sufrido daños mayores o menores, respectivamente. Sin embargo, todavía restaban miles de hogares por ser inspeccionados.
Godreau señaló que, luego del huracán María, el 62 % de las solicitudes de ayuda individual a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) fueron denegadas, así como ocho de cada 10 reconsideraciones, algo que teme que se repita tras los sismos. Según la licenciada, ya se han reportado “un puñado” de denegaciones.
Consejo sin utilidad
La abogada, igualmente, puso en duda el consejo asesor que creó la gobernadora Wanda Vázquez para asistir en el manejo de fondos federales destinados para proyectos de vivienda. Entre los integrantes del comité se encuentran la exfiscal federal Rosa Emilia Rodríguez y el exjuez federal José Fusté.
“No hay un solo líder comunitario, ningún tipo de representación de la comunidades, y ni siquiera los alcaldes (tienen representación). A este tipo de consejo no le encontramos utilidad en esta etapa”, planteó Godreau, quien cuestionó cuál sería la relación del comité asesor con los controles que ha impuesto el Gobierno federal.
Ayer, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, adscrita a Casa Blanca, expresó su “fuerte oposición” a que el Congreso asigne casi $4,700 millones para ayudar a mitigar la emergencia provocada por los terremotos.
El comunicado aludió a la “larga historia de controles financieros inadecuados” en Puerto Rico.
