El senador del partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia rechazó el miércoles, el acuerdo alcanzado con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y un grupo de bonistas.
“Los puertorriqueños necesitamos estabilidad y seguridad acerca del futuro económico del país. La quiebra, los aumentos impositivos y los litigios interminables nos han llevado a todos a la precariedad y la incertidumbre económica. Decenas de miles de jóvenes están decidiendo a diario que en Puerto Rico no hay futuro. Las decisiones que se están tomando ahora sobre la deuda pública determinarán si hay o no un futuro optimista, de crecimiento y de oportunidad, para esos compatriotas”, dijo Bhatia en conferencia de prensa.
“Por ello, rechazo categóricamente el acuerdo propuesto entre la Autoridad de Energía Eléctrica y sus acreedores. Este acuerdo sería el principal obstáculo para la construcción de un futuro prometedor para los puertorriqueños. Los aumentos anuales propuestos serían un atraco al consumidor y al comerciante”, añadió.
Mencionó que el llamado “impuesto al sol” impediría la transición de Puerto Rico hacia una economía basada en un 100 por ciento en energías renovables.
“En otras palabras, el acuerdo confirmaría el secuestro del pueblo de Puerto Rico por parte de una entidad anticuada e ineficiente, y extendería esa agonía para futuras generaciones”, expuso.
“La receta correcta para un acuerdo en la autoridad es enfocar en las eficiencias operacionales que se nos prometen como un paliativo a los abonados. La Autoridad tiene que concretar esos ahorros primero para asegurarle al pueblo que no habrá aumento en la tarifa eléctrica”, dijo.
Por otro lado, mencionó que el acuerdo con los bonistas de obligaciones generales se está negociando “en medio de un vacío de información que hace difícil, sino imposible, llegar a una conclusión certera sobre sus virtudes y defectos. El gobierno no ha podido producir sus estados financieros ni el Commonwealth Report, por lo cual aceptar este acuerdo sin contar con datos auditados que permitan evaluar la viabilidad del mismo a corto y largo plazo sería irresponsable”.
Según el senador y precandidato a la gobernación, le preocupa que el acuerdo: “Afecta la capacidad del gobierno de proveer servicios esenciales. Expone a los pensionados del gobierno a un doble sacrificio. A los pensionados se les pretende cortar y cobrar. Primero verán recortes en sus pensiones y segundo tendrán que pagar, de sus reducidos ingresos, contribuciones para cumplir con lo acordado con este grupo de acreedores. Abre la puerta a una segunda quiebra según han planteado diversos economistas. Limita los recursos disponibles para pagar deudas a empresarios locales que suplieron
bienes y servicios al gobierno. Legaliza deudas que la propia Junta de Control Fiscal argumentó eran inconstitucionales por haber excedido el límite constitucional”.
“Ante la falta de transparencia de este gobierno, y las serias repercusiones para el futuro de Puerto Rico de este acuerdo, le pido a la Junta y a la Gobernadora que actúen con la más alta responsabilidad patria. Por mi parte, de no atenderse estos planteamientos, me opondré al acuerdo según está propuesto en el presente”, concluyó al solicitar a los legisladores que no den paso a este acuerdo.
El presidente de la Junta de Control Fiscal, Jose Carrión, tercero, anunció que lograron un nuevo acuerdo con ciertos tenedores de bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) dentro de un marco mucho más amplio para el Plan de Ajuste, y así resolver 35 mil millones de dólares en reclamaciones relacionadas y no relacionadas a la deuda.
“Este nuevo y mejor acuerdo es una victoria para Puerto Rico.Reduce los pagos totales de la deuda en relación con el acuerdo que alcanzamos el año pasado, paga la deuda del estado Libre Asociado antes y tiene un apoyo significativamente mayor de los tenedores de bonos, lo que facilita aún más la salida de Puerto Rico de la quiebra, que se ha prolongado durante tres años”, dijo Carrión, tercero en declaraciones escritas.
Según Carrión, tercero, el nuevo acuerdo reduce el servicio de la deuda del ELA (incluido el capital y los intereses de los bonos senior de gravámenes de COFINA) en un 56 por ciento, de 90.4 mil millones a 39.7 mil millones de dólares.
Este acuerdo reduce el servicio total de la deuda en 5 mil millones de dólares adicionales cuando se compara con el Acuerdo de Apoyo anterior que la Junta de Supervisión había alcanzado con ungrupo más pequeño de tenedores de bonos el año pasado.
Según el nuevo acuerdo, Puerto Rico resolvería por completo su deuda heredada en 20 años, o sea, 10 años antes que con el acuerdo anterior.
El nuevo acuerdo reduce 35 mil millones de dólares de deuda y otros pasivos en un 70 por ciento (o sea, 24 mil millones de dólares), a menos de 11 mil millones de dólares, lo que representa una reducción adicional de mil millones en relación con el acuerdo anterior. Los tenedores de unos 8 mil millones de dólares en bonos respaldan el acuerdo, incluidas las cooperativas de crédito puertorriqueñas y los inversores municipales tradicionales.
“El nuevo acuerdo es otro paso adelante para Puerto Rico, y acerca a la Isla mucho más a la salida de la quiebra y al comienzo de una verdadera recuperación económica. La quiebra está deteniendo a Puerto Rico. Necesitamos resolver eso, y con este acuerdo, Puerto Rico lo resolverá más rápido, protegiendo las pensiones de los jubilados y los servicios gubernamentales que el pueblo de Puerto Rico tanto necesita y merece, según especifica el presupuesto y el Plan Fiscal certificado de la Junta de Supervisión ” dijo la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko.
Este acuerdo provee una reducción promedio de 29 por ciento para los tenedores de bonos de obligación general (GO, por sus siglas en inglés) y una reducción promedio del 23 por ciento para los tenedores de bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (PBA, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico.
Los acreedores del ELA recibirían 10.7 mil millones de dólares en deuda nueva, la mitad en bonos GO y la otra mitad en bonos junior de gravámenes de COFINA, además de 3.8 mil millones de dólares en efectivo.
De igual modo, el nuevo acuerdo, que fue aprobado por la mayoría de los miembros de la Junta, reduce el servicio de la deuda anual máxima del ELA pagadero en cualquier año futuro, incluidos los bonos senior de gravámenes de COFINA, en más del 70 por ciento, de 4.2 mil millones de dólares anuales a 1.5 mil millones al año millones de dólares.
La Junta acordó resolver su reclamo de 6 mil millones de dólares en bonos que, según la misma Junta, excedió el límite de deuda del ELA.
