Si bien el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó ayer asignar un FEI a quien fuera gobernador, Ricardo Rosselló, y a cinco de sus exasesores, el ente gubernamental denunció un sinnúmero de deficiencias en la pesquisa inicial que condujo el Departamento de Justicia (DJ).
En un comunicado de prensa, el PFEI detalló deficiencias en la investigación preliminar comenzando con que, a pesar de que esa agencia les remitió 37 cajas de documentos, estas solo incluían cinco declaraciones juradas y solo en algunas se mencionaron comisiones de delito por parte de todos los participantes del chat.
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“Debemos hacer constar que el récord de Justicia está huérfano de prueba que involucre —más allá del chat— a varios de sus participantes. Peor aún, hay ausencia de prueba que apoye una mera recomendación de nombramiento de FEI en cuanto a algunos de los delitos que se les atribuyen a las personas contra las cuales nombramos FEI”, expresa la resolución del Panel. Por ello, la encomienda a los FEI se circunscribe a los posibles delitos identificados en los documentos recibidos.
Los fiscales Miguel Colón Ortiz y Leticia Pabón Ortiz estarán a cargo de la pesquisa.
Los letrados investigarán posibles violaciones al Código Penal y a la Ley de Ética Gubernamental (OEG) de Rosselló, Christian Sobrino Vega, Alfonso Orona Amilivia, Ramón Rosario Cortés, Edwin Miranda Reyes y Elías Sánchez Sifonte.
“Para algunos de los delitos que el DJPR hace mención, no se nos ha provisto, conforme a derecho, una mínima prueba que justifique su recomendación de nombramiento de FEI”, enfatiza la resolución.
Es por ello que se excluyó de nombramiento de FEI para investigar al exsecretario de Estado, Luis Rivera Marín, al exsecretario de la Gobernación, Raúl Maldonado Gautier, al exsecretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi Cruz, y a los contratistas Carlos Bermúdez Urbina y Rafael Cerame D’Acosta. No obstante, los fiscales podrán ampliar su investigación y presentar acusaciones si surge prueba posteriormente.
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“Con esta disposición legal debe quedar claramente establecido que no habrá impedimento para ampliar la investigación si los FEI obtienen prueba mediante la cual puedan presentar un caso ante el Tribunal de Primera Instancia”, reza el documento.
El Panel señaló que descartó devolver el caso al DJ para que subsanara lo relacionado con la deficiencia de prueba sobre algunas de las personas referidas por considerar “que no sería procedente… porque estaríamos dejando de actuar sobre los funcionarios para los que se incluyó información bajo juramento”, indicó el ente.
Los fiscales tendrán 90 días para realizar su investigación a fondo, lo cual incluye el procesamiento por cualquier delito cometido.
El chat de Telegram se filtró a la prensa y salieron a relucir comentarios misóginos, de burla contra un sinnúmero de personas y discusiones de posibles represalias contra empleados públicos que no eran del oficial Partido Nuevo Progresista, entre otras cosas. Todos los participantes acabaron renunciando a sus cargos en distintas fechas.
Archivan denuncia contra otros tres referidos
De otro lado, el Panel indicó que archivó las alegaciones en contra de Anthony Maceira, exsecretario de Asuntos Públicos y director de Puertos; Rossy Santiago, exdirectora de Comunicaciones de La Fortaleza, y Yennifer Álvarez Jaime, exsecretaria de prensa de La Fortaleza.
“El Panel no encontró ninguna base, declaración o referencia sometida por Justicia, sobre elementos constitutivos de delitos que los involucren” reza la resolución.
El PFEI archivó los cargos contra:
• Anthony Maceira, exsecretario de Asuntos Públicos
• Rossy Santiago, exdirectora de la Oficina de Prensa de La Fortaleza
• Yennifer Álvarez Jaime, exsecretaria de prensa de La Fortaleza
