La Secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, reaccionó a los señalamientos realizados por el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) sobre la prueba presentada por la agencia gubernamental sobre la investigación del chat de Ricardo Rosselló y su círculo cercano.
“Nuestra impresión de la Resolución emitida por el Panel es que los Miembros del Panel, y los Fiscales Especiales Independientes que les hicieron las recomendaciones, no entendieron las conclusiones de derecho en el informe.
En el comunicado, la funcionaria continuó expresando que “en el informe que suscribimos se refirieron y detallaron crímenes de cuello blanco, que se comprenden mediante un análisis puntilloso y complejo de toda la prueba, directa y circunstancial. Contrario a las limitaciones que se autoimpuso el FEI, el análisis del Departamento de Justicia atiende no sólo lo dicho o compartido en el Chat WRF sino una evaluación criminal de lo que la conducta evidenciada en el Chat WRF revela. La mera participación en el Chat WRF no establece los delitos considerados, el Chat WRF lo que hace es que corrobora la relación entre los participantes de los delitos identificados. Esa conducta fue corroborada mediante las entrevistas y la evidencia levantada por el DJ”.
La también exfiscal federal, cuestionó el proceso que utilizó el PFEI para analizar los documentos presentados por Justicia.
“Aparentemente el Panel se limitó en su análisis de 14 días laborables a examinar las declaraciones juradas, o prueba directa, para tomar sus determinaciones. Nuestra evaluación del derecho, en contrario, se basó en un examen exhaustivo y profundo de las declaraciones juradas a la luz de las más de 15 entrevistas realizadas, los documentos requeridos y la prueba electrónica recabada en la investigación. Como parte de la investigación se emitieron en exceso de 46 citaciones a múltiples testigos”, indicó en declaraciones escritas.
Algunos de los testigos entrevistados:
- Francisco Antonio Parés, Secretario de Hacienda;
- Fernando Gil Enseñat, Secretario de la Vivienda
- Carmen Yulín Cruz, Alcaldesa de San Juan
- Arnaldo Claudio, ex Monitor Federal
- Luis Augusto Martínez, Administrador de la Fortaleza
- Cecille Blondet Passalaqua, Directora Ejecutiva de Espacios Abiertos
- Maritza Garay Morales
- Rossy Santiago Velázquez, ex Directora de la Oficina Central de Comunicaciones de la Fortaleza
- Jorge Bauzá
- Juan Carlos Hernández, ex Administrador de la Fortaleza
Leticia Jover - Rafael José Vega Gómez, Director de Comunicaciones del Departamento de la Vivienda
- Brad Dean, Director del DMO
- Lcda. Griselle Morales, Directora Legal de Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.
Además, Justicia aseguró que se emitieron en exceso de 61 subpoenas para procurar documentos e información. También se descargó el contenido de los dispositivos celulares que se recuperaron de múltiples participantes del WRF Chat y se analizó esa prueba forense. Por lo antes mencionado, el Departamento asegura que “esta evidencia constituye “las otras fuentes de información” que la Ley 2-1988 del PFEI indica será parte de los factores que la Secretaria tomará en consideración para emitir su recomendación”.
En el comunicado, la secretaria cuestionó el compromiso del PFEI sobre el caso del chat expresando que “el análisis de los crímenes identificados en nuestro informe requiere atreverse a tomar determinaciones de derecho agresivas y contundentes. Se requiere de un fiscal con experiencia y peritaje en áreas como administración pública, análisis forense, y la utilización y el examen de prueba digital para probar casos con prueba circunstancial, no limitándose a prueba directa. Creíamos que los fiscales del PFEI tenían dicha capacidad y estaban preparados para agresivamente atender los delitos que se le identificaron para investigación. Las conclusiones de la Resolución evidencian que parecen no tener la intención o el compromiso de acoger ese tipo de caso para procesamiento”.
Según la Ley 2-1998 le quita al Departamento de Justicia la capacidad de solicitar revisión de las decisiones del Panel. Es por eso que Longo indicó que “queda así en manos de otros reclamar una revisión de lo que el Panel decidió ayer”, agregando que esperan “que cuando el FEI emita su informe final, el cual la Ley 2-1998 dispone que es público, éste tenga a bien incluir nuestro informe de forma íntegra para que el Pueblo de Puerto Rico pueda pasar juicio directamente sobre lo que se decide en la Resolución”.
Justicia cuestiona capacidad del PFEI para llevar casos
“Así mismo nos sorprende que el Panel haya determinado no proceder con el recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo con respecto a la conducta temeraria de Edwin Miranda y Elías Sánchez por el mero hecho de que hacer lo propio requeriría preparar y someter escritos apelativos. Resulta sorprendente pensar que los Fiscales Especiales Independientes son incapaces de llevar una investigación al unísono de someter y preparar escritos apelativos. Son muchos los profesionales del derecho que con regularidad llevan múltiples casos complejos a la vez, todos en etapas procesales distintas. El tener una investigación criminal en curso no impide a un hábil profesional del derecho, con experiencia y peritaje, llevar un recurso apelativo al mismo tiempo. Nuestros fiscales frecuentemente llevan cargas de trabajo que requieren que manejen múltiples casos complejos en distintas etapas procesales. Como dice el refrán pueblerino, Un buen abogado es capaz de caminar y masticar chicle a la misma vez”, expresó la secretaria.
Agregó además que el llevar un recurso apelativo con respecto a un proceso investigativo no dilata la investigación, sino que la puede robustecer.
Justicia reiteró que su investigación preliminar superó por mucho el quantum de prueba necesario para apoyar las recomendaciones de nombramiento de un FEI. Longo, continuó defendiendo el trabajo de su agencia comentando que, “máxime si nos referimos a las instrucciones y comentarios que la Exjueza Nydia Cotto Vives personalmente ha expresado a la Secretaria de Justicia y al personal de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor. Cotto Vives nos ha indicado, inequívocamente, que con sólo una declaración jurada que identifique un solo delito, la recomendación de nombramiento de un FEI procede; y que esto provee la jurisdicción suficiente para que el Panel acoja el nombramiento y para que el FEI, en el cumplimiento de su deber, investigue a fondo y procese todos los delitos incidentales a la conducta objeto del referido, bajo cualquier delito que la investigación a fondo del FEI evidencie más allá de duda razonable”.
Con respecto a los contratistas y aquellos funcionarios del Gobierno que no participaron en el WRF Chat y fueron referidos por conductas relacionadas con respecto a los cuales el Panel decidió no ejercer jurisdicción, ya que el Panel ha determinado que el referido no incluía información alguna con respecto a estos asuntos, la jefa de Justicia adelantó que se proponen “solicitar los casos sean devueltos en unión a la evidencia documental sometida en 37 cajas de contratos gubernamentales evaluados preliminarmente por el DJ. El DJ retomará la investigación y asignará los recursos necesarios para evaluar la conducta que se puede procesar. La cuantía de la evidencia que se tiene que evaluar no será impedimento para completar dicho análisis a nivel del DJ”.
Longo, catalogó como injustas las expresiones del PFEI al trabajo realizado por los fiscales de Justicia y agregó que “mancillan la gestión” realizada.
Además, lamentó el efecto que pueda tener en la relación de trabajo de ambas agencias por las conclusiones presentada en el informe del chat.
“Parece mentira que la relación de dos agencias que deben estar trabajando de la mano en beneficio del Pueblo de Puerto Rico se vea marcada por la insensata intención del Panel de menoscabar el trabajo realizado por los funcionarios del Departamento de Justicia en cumplimiento con sus deberes ministeriales. Con sus comentarios, el Panel mancilla sin razón la gestión de todos los que estamos llamados a hacer valer la ley. En nuestros puestos, lo que se nos requiere es apoyar y robustecer las instituciones. En un país donde la corrupción es una gran preocupación para la ciudadanía, menoscabar la gestión del Departamento de Justicia lo que puede hacer es promover un sentido de impunidad por parte de los que cometen delitos contra el Pueblo, concluyó.
