En las ultimas semanas, se ha estado discutiendo el Acuerdo con Bonistas en la AEE. No es para menos. El futuro de nuestro sistema eléctrico es crucial para estabilizar nuestra economía, fomentar la creación de riqueza local, combatir la pobreza y controlar la emigración. Lo efectiva o inservible que pueda ser nuestra estrategia de producir energía en el futuro cercano será una de las razones de nuestro éxito o fracaso en la ruta para salir de la quiebra. Así de importante es esta discusión. No se trata de llevar una cruzada de incumplimiento de todas nuestras obligaciones. Se trata de que ese cumplimiento no puede ser a costa de los servicios esenciales de nuestra gente o de agravar un espiral negativo que afecte hasta a los propios bonistas.
Ese es el problema con este acuerdo, pues por más que traten de justificarlo, no podemos pagarlo. Para muestra un botón basta. Imaginen que a los 22 centavos por kilovatio que pagamos hoy tengamos que sumarle hasta 4 centavos adicionales por el llamado cargo de transición. ¿Cómo quedará su bolsillo con alzas tarifarias de entre 28 % y 40 %? Añada a su cálculo que, una vez firmado el acuerdo, a los abonados de la AEE, sin importar cuántos abandonen el sistema o el país, nos afectará por más de 4 décadas.
Mientras esta amenaza se cierne sobre nosotros, el Gobierno demuestra su irresponsabilidad cuando la gobernadora trata de vender una supuesta oposición a este, pero el director ejecutivo de la AEE lo defiende a capa y espada. Resulta más preocupante aún que la gobernadora dijera recientemente que el acuerdo se trataba del negociado por Liza Donahue el pasado cuatrienio. Falso. El acuerdo en discusión es el negociado por la administración del PNP hace más de dos años. O la gobernadora está perdida con un tema tan serio o le miente nuevamente al país. Si de verdad pensaba que se trataba del acuerdo Donahue, debió oponerse de inmediato y exigirle acción a su equipo para encaminar uno nuevo utilizando las herramientas de reestructuración que provee la Ley Promesa y que no estaban disponibles el pasado cuatrienio. Puerto Rico se juega su viabilidad económica; no hay tiempo para mentiras.
