La representante por el Distrito 19 de Mayagüez y San Germán, Maricarmen Mas Rodríguez, anunció el viernes la radicación de un proyecto de ley que atendería el alegado incumplimiento de la Ley 1-2014 que ordena a las entidades gubernamentales que pauten anuncios de televisión que propenden a un fin público a colocar al menos cinco por ciento de los fondos asignados a dichos fines en las estaciones de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, mejor conocida como WIPR.
Precisó que la medida le confiere a la WIPR el poder de requerir que las agencias e instrumentalidades del gobierno le entreguen información fidedigna sobre la cuantía total de asignación presupuestaria aprobada y destinada para fines de producciones y pautas de anuncios en la televisión y la lista de los anuncios pautados en la televisión comercial durante cada año fiscal, de manera tal que puedan obtener la información necesaria para gestionar las partidas correspondientes que les asigna.
“El norte de esta legislación es salvar a la WIPR, particularmente sus operaciones en el municipio de Mayagüez. La WIPM-TV es un activo vital para el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad y vamos a dar la batalla para que opere a su máxima capacidad. Si el gobierno pautara como dice la ley en WIPR, no habría esta situación tan crítica de insuficiencia de fondos. Es vital que sepamos cuando gasta el gobierno en televisión y que se destine, como dice la ley, el cinco por ciento a WIPR, sin excusas”, señaló la también presidenta de la Comisión para el Desarrollo Integrado de la Región Oeste en una comunicación escrita.
Explicó que la Ley 103-2006, conocida como ‘Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006’, establece, entre otras cosas, el andamiaje legal que regula los gastos de difusión pública por parte del gobierno.
Posteriormente, la Ley 1-2014 enmienda la Ley 103-2006 con el objetivo de maximizar los fondos públicos que el gobierno destina para pautas televisivas. En particular, se ordena a las entidades gubernamentales que pauten anuncios de televisión que propenden a un fin público a colocar al menos cinco por ciento de los fondos asignados a dichos fines en las estaciones de la WIPR. Con la referida enmienda se buscó allegar fondos adicionales a la Corporación para que ésta pudiera estabilizar sus finanzas y expandir sus servicios.
“Eso no ha sucedido. Desde el primer día se ha incumplido. Una investigación realizada por la Cámara de Representantes reveló que los ingresos recibidos por WIPR en virtud de la antes citada disposición de la Ley 103-2006, han sido mínimos. En síntesis, las entidades gubernamentales a la cuales les corresponde invertir en la Corporación para la Difusión Pública el cinco por ciento de las asignaciones presupuestarias destinadas para pautar anuncios están incumplimiento con su obligación”, sentenció Mas Rodríguez.
