Por: Jeniffer Wiscovitch Padilla
María Pérez Ramos jamás pensó que el terreno que le cedió el exalcalde de Canóvanas, José “Chemo” Soto, en la comunidad San Isidro hace 19 años era inundable. De haberlo sabido, no lo hubiera aceptado, dice. Ahora lo único que desea es mudarse a un lugar seguro donde no tenga que sentir temor cada vez que llega la temporada de huracanes.
“Esto no es vida”, aseguró Pérez Ramos, quien solicitó ayuda del Programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3) del Departamento de la Vivienda (DV) con la esperanza de ser reubicada. A cuatro meses de haber hecho la solicitud, aún no sabe cuál de los tres tipos de ayuda le brindará el programa, que cerró su proceso de solicitudes en diciembre. Nadie la ha llamado.
El programa aún no ha reubicado a nadie, reconoció el Departamento de la Vivienda. Todavía están evaluando los casos.
La mujer contó que, desde que se mudó en 2001 del residencial donde vivía en Carolina a la calle Glorimar Sánchez en el sector Valle Hill del barrio San Isidro, no han podido conectarse legalmente al servicio de electricidad y agua potable porque el Gobierno no les otorga los permisos por estar en zona inundable. El servicio que tienen lo conectan de los vecinos de otra calle, los que, según dijo, están molestos porque ellos sí pagan. Cuando se quedan sin la electricidad, tampoco pueden reclamar.
Miguel Vázquez, esposo de Pérez Ramos, aseguró que ellos pagarían por los servicios si les dieran los permisos para conectarse legalmente a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Constantemente, se le dañan los enseres eléctricos de la casa, los que han tenido que comprar varias veces con el dinero que recibieron de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) tras el huracán María, sostuvo Pérez Ramos.
La hermana de Miguel, Ana Rosa Vázquez, quien lleva 15 años viviendo en el mismo barrio, también desea mudarse a otro lugar.
“Yo me iría, porque mira esto, esto no es vida”, manifestó mientras señaló el camino lleno de agua maloliente producto de la lluvia y de las aguas usadas que discurren desde las casas que no tienen pozo séptico.
Un deseo similar tiene Luis García, un policía retirado que lleva 27 años en Valle Hill luego de que Chemo Soto le diera a escoger el terreno. Aseguró que la mayoría de las casas de la calle donde vive lo que tienen por pozo son drones enterrados debajo de las casas. Esto provoca que, cada vez que llueve, las aguas usadas corran por toda la calle.
La incertidumbre sobre la permanencia entre los residentes de San Isidro es evidente, según la licenciada Ramos. Viven en una zona inundable, un humedal, y además, hay planes de construir un dique en el área donde ahora vive gente. Las personas que viven cerca de la zona donde se propone el dique están en riesgo de desplazamiento, por lo que algunos tienen dudas entre si usar o no el dinero federal que ya han recibido para hacer mejoras a sus viviendas, indicó Belinés Ramos de la Clínica Legal Psicológica de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey.
Por su parte, la licenciada María Elena Ortiz, quien trabaja con el Fondo de Acceso a la Justicia, dando servicio a las comunidades desventajas, aseguró que muchas de las personas con las que ha hablado y que vivieron inundaciones graves están deseosas de que les “den un vale para mudarse, porque han quedado bien impactados por la experiencia”.
No obstante, dijo que existe “un misterio” en términos de a dónde tendrá que mudarse la gente. “El programa [R3] no ha sido claro en definir esa alternativa [de la reubicación]”.
El CPI intentó durante un mes conseguir una reacción de la gobernadora Wanda Vázquez Garced en torno a cuál será la política pública del Gobierno en relación con el tema de los desplazamientos luego de la salida de Gil Enseñat de Vivienda.
La pregunta fue directa: ¿cuál es la política pública que establecerá su administración para manejar los desplazamientos de las comunidades? ¿Se mantendrá la preferencia de Gil Enseñat en cuanto a priorizar la reubicación?
Finalmente, la gobernadora envió unas declaraciones escritas que no respondieron la pregunta. Se limitó a citar el plan de acción del Departamento de la Vivienda.
La situación se podría extender por toda la isla, puesto que los nuevos mapas de FEMA catalogan a casi todo Puerto Rico como zona inundable. De acuerdo con la Junta de Planificación, en Puerto Rico hay 252,813 estructuras ubicadas en zonas inundables. Sin embargo, la JP desconoce cuántas de estas estructuras son viviendas.
