Confiando en que el Tribunal de Primera Instancia siga firme en su decisión original, la representación legal de los maestros pensionados, que demandaron a la Iglesia católica por su retiro, volverán a la corte local para exigir el dinero que aseguran que les adeudan.
Fuera de entrar en los méritos del caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos expresó en su decisión que el proceso tendrá que regresar al Tribunal local, porque en el momento en que se ordenó y, posteriormente, se avaló por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que toda la Iglesia en la isla era responsable por el pago a los pensionados —y no solo algunas diócesis—, el caso continuaba bajo jurisdicción federal.
Aunque el pleito judicial comenzará nuevamente en Primera Instancia, para el abogado de los maestros pensionados, Germán Brau Ramírez, la revocación del foro federal es adversa a la de la Iglesia católica, ya que asegura que la decisión se debe a un tecnicismo.
“Lo que le están diciendo es que el Tribunal (local) salió del gate (compuerta) antes de que sonara la campana, pero si nosotros teníamos el caballo ganador, pues cuando se repita la carrera, vuelve y la gana. La prueba es la misma. Lo que le están diciendo al Tribunal es: ‘Cuando tú emitiste el dictamen, por un tecnicismo, no tenías jurisdicción, pero no hay jurisdicción federal”, afirmó el representante legal de los maestros.
Es por esto que Brau Ramírez anticipa que el Tribunal de Primera Instancia reiterará lo mismo que ya había resuelto. Sin embargo, no descarta que el caso termine nuevamente ante la consideración del Tribunal Supremo local.
“Sí, yo creo que ellos van a tratar de seguir utilizando todos los medios para ellos tratar de evitar una obligación, y nosotros vamos a seguir dando la pelea para que les paguen a todos los empleados”, puntualizó Brau.
La decisión del foro federal de no entrar en los méritos del caso no fue unánime, ya que, según informó el licenciado, al menos dos consideraron que sí lo debían hacer, aunque no tuvieron mayoría para esta posición.
En el 2016, la Iglesia católica decidió dejar de pagar el plan de pensiones a cientos de maestros que, a su vez, demandaron ese mismo año por entender que les deben $4.5 millones.