El Gobierno de Puerto Rico lleva tres años sin poder implementar una serie de reformas estructurales, pero apuesta a que ahora las pondrá en vigor para obtener el dinero suficiente en momentos en que se avecina la eliminación progresiva de ingresos por impuestos a las foráneas y ante la demora en la llegada de fondos federales.
Así se desprende del plan fiscal que presentó la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) ante la Junta de Control Fiscal (JCF), en el que reconoce la reducción en los fondos que recibe el Gobierno producto del 4 % de impuesto a las corporaciones foráneas. El año pasado el Tesoro Federal advirtió de la eliminación de dicho arancel. De acuerdo con el plan fiscal, el Gobierno mitigará el impacto de esta reducción por medio de reformas estructurales, además de la reducción en el gasto público, aumento en la captación del Impuesto de Ventas por Uso (IVU) y de continuar promulgando el crédito por ingreso devengado. Sin embargo, el Gobierno argumenta que el crecimiento económico del país depende de la llegada de fondos federales de reconstrucción y que “los fundamentos económicos de la isla siguen siendo débiles”.
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Como parte de la reducción en el gasto público, el Gobierno espera allegar unos $1,516 millones por medio de consolidaciones, reorganizaciones y privatización de servicios en agencias como Salud, Educación y la Corporación para la Difusión Pública (WIPR), que ya se habían anunciado sin que se produjeran resultados. El mismo documento reconoce que aun si completan los planes de reorganización y consolidación de agencias, los ahorros pudiesen reflejarse el año siguiente. “La implementación de una reorganización masiva de agencias gubernamentales podría ser difícil de cumplir debido a obstáculos imprevistos y atrasos en el camino”, reza el plan.
Se plantea, además, una ruta para comenzar a pagar deuda —cosa que no se ha hecho desde el 2016— para tener acceso nuevamente a los mercados capitales. No obstante, reconoce que podría volver a caer en negativo en 2039.
La meta de mejorar la fiscalización de los impuestos dejaría recaudos de $474 millones para el 2025. Al 2016, el cumplimiento del pagos de impuestos ronda el 68 %. Otras de las medidas en las que el Gobierno descansa para aumentar sus finanzas es la adjudicación de una alianza público-privada para la transmisión y distribución de energía y que podría anunciarse antes de junio. Se propone también el establecimiento de un plan de retribución para aumentarle el salario a empleados públicos a un costo de unos $155 millones para 2025. Sobre los fondos federales para la reconstrucción, se espera recibir $73,000 millones y unos $8,000 millones en dinero de las aseguradoras.
No obstante, reconoce que los altos costos en electricidad, la pérdida poblacional y los procedimientos de reestructuración de deuda podrían impactar negativamente la economía de la isla.
Se considera la Ley 29 para aliviar las cargas a los municipios y establece que dejarla sin efecto provocará la insolvencia de, al menos, 28 municipios, lo que “resultará en la reducción o eliminación de los servicios esenciales”. Aunque reconoce que dicha aportación dependerá del actual litigio que libran contra la JCF.
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En torno a la Universidad de Puerto Rico, se mantiene la proyección de planes fiscales anteriores de recortes a cinco años para un total de $499 millones, pero se proponen unos $145 millones para infraestructura y se flexibiliza el uso de unos $20 millones para gastos operacionales.
La JCF ahora debe evaluar el documento y decidir si lo aprueba o no.
Análisis
¿Qué opina del plan fiscal que sometió el Gobierno central?
Confirma todo lo que se ha dicho: que la economía de Puerto Rico no se ha recuperado, y el propio informe reconoce que vamos en crecimiento negativo hasta el 2023. O sea, que todas estas proyecciones que ellos tenían que íbamos a estar en crecimiento de 7 % después 5 % y después 3 % las ajustaron, y cuando uno ve ahora lo que hay, tenemos de nuevo un crecimiento negativo.
[Sobre el impuesto a las foráneas]obviamente, es un impacto duro, pero se venía anunciando desde prácticamente 2017. Con ese impuesto se recauda entre $1,800 a $1,900 millones y representa más o menos un 20 % del presupuesto, y puede que un poco más. Entonces, dice el Gobierno que, en vez de recoger esa cantidad, va a recoger $1,000 millones y con riesgo de que esa cantidad siga bajando con respecto al tiempo. Están haciendo una mezcla de propuestas para continuar con recortes en el gasto público, hacer reformas estructurales, cambiar el impuesto a una contribución sobre ingreso, pero lo que vi lo encuentro débil.
Por otro lado, reconocen que los recortes tienen impacto en le crecimiento poblacional y que vamos a seguir perdiendo población hasta el 2025. No se entiende bien cuáles son las medidas concretas que van a implementar para reactivar el crecimiento o para cumplir con lo que se ha pactado con Cofina, el acuerdo con la AEE y un acuerdo con el resto de los acreedores, y todos esos acuerdos se hicieron antes de que se presentara este plan fiscal.
