Tras un debate de cerca de cuatro horas, el Senado aprobó en votación partidista el proyecto que viabiliza un plebiscito “estadidad sí o no” paralelo a las elecciones generales, aunque con enmiendas a la versión original de la medida, que altera las implicaciones de una hipotética victoria del “No”.
La medida, según aprobada, tampoco dispone de dónde provendrá el financiamiento para los $3.5 millones que se proyecta costará la consulta.
Siguiendo una recomendación del exgobernador Carlos Romero Barceló, plasmada en el informe positivo de la medida, se eliminó la definición de que un voto por el “No” representa un mandato para buscar la soberanía mediante un “tratado de independencia en libre asociación” o la “independencia total”.
En un discurso de casi 40 minutos, el presidente del Senado y autor de la medida, Thomas Rivera Schatz, afirmó que esa enmienda se introdujo para que los defensores del estatus actual no fueran excluidos.
De forma similar, antes del plebiscito celebrado en junio de 2017 se propuso inicialmente que se excluyera la alternativa de preservar el estatus territorial actual. Sin embargo, más adelante se incluyó en la papeleta, junto con la estadidad y otro encasillado que englobaba la independencia y la libre asociación.
Legisladores del Partido Popular Democrático, como el portavoz Eduardo Bhatia y Cirilo Tirado, así como el independentista Juan Dalmau y el independiente José Vargas Vidot criticaron la medida, asegurando que tiene el fin ulterior de atraer el 3 de noviembre a las urnas a estadistas insatisfechos con la gestión gubernamental del Partido Nuevo Progresista.
Dalmau, igualmente, censuró que la medida aprobada eliminara el lenguaje que definía el “No” como un mandato de soberanía.
En el aire el aval federal
Por otra parte, tras enmiendas en sala, no se precisó la fuente de financiamiento para la consulta. Originalmente, el proyecto estipulaba que se utilizaran los $2.5 millones que autoriza una ley federal de 2014, que proponía al Gobierno puertorriqueño realizar un plebiscito de estatus avalado por el Departamento de Justicia estadounidense. Ello se eliminó de la versión aprobada.
En 2017, la agencia federal no avaló la consulta en que la estadidad obtuvo un apoyo de 97 %, en un proceso en el que participó el 23 % de los electores.
