La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) denunció hoy que la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones utiliza la Ley de transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la información pública (Ley 141-2019) para burlar el derecho de los puertorriqueños y las puertorriqueñas a, precisamente, obtener este tipo de información.
De acuerdo con un comunicado de prensa de la organización, la carta circular núm. 2020-01, Normas y procedimientos al amparo del artículo 11 de la Ley Núm. 141-2019, divulgada hoy, la secretaria Longo Quiñones lacera el principio fundamental de libertad de prensa reconocido en la Constitución de Puerto Rico y complica aún más el proceso de solicitar información pública a todas las agencias de gobierno. “Más preocupante todavía, al regular las disposiciones de la Ley 141-2019 vemos que se reducen los derechos reconocidos en el estatuto, lo que puede interpretarse como una usurpación de los poderes de la Asamblea Legislativa”, reza el comunicado.
Más temprano, Longo, envió una carta circular entre las diferentes agencias del Gobierno que detalla un nuevo proceso para divulgar información pública en manos del Estado. Estas reglas presentadas por Longo aplican para cuando los periodistas, ciudadanos y/o entidades requieran documentos públicos del Gobierno de Puerto Rico. Bajo el reglamento de Longo acceder a información pública puede demorar más de tres semanas. La directriz de la funcionaria se ampara en las nuevas leyes que dejó firmadas Ricardo Rosselló antes de abandonar La Fortaleza y que han sido denunciadas como un límite al derecho constitucional a la libertad de prensa y el acceso a información pública por parte de los gremios periodísticos y otras entidades activistas por los derechos a la información.
“Con la puesta en vigor de la carta circular, la licenciada Longo Quiñones pretende suplantar el criterio que poseen todas las agencias gubernamentales a la hora de implementar su reglamentación en materia de divulgación de información pública, adscribiéndose un poder absoluto para regular este procedimiento. Entendemos que la carta circular va en contra de la intención legislativa, pues el efecto neto es beneficiar a las agencias gubernamentales y no a la ciudadanía y la prensa, como manda el estatuto”, añade la comunicación de la entidad periodística.
Asimismo, plantearon que no desean intuir que estas nuevas cortapisas —contrarias a la doctrina en pro del derecho de acceso a la información pública ampliamente reconocido y validado por nuestra Rama Judicial en repetidas ocasiones durante este desgraciado cuatrienio— tenga como fin afectar los casos pendientes de adjudicación por parte del gremio periodístico y de la Rama Legislativa, siendo el caso más reciente la negativa del Negociado de Investigaciones Especiales y el propio Departamento de Justicia de entregar el informe sobre la negligencia en el manejo de suministros en el almacén en Ponce.
“La Asppro no descansará hasta que esta carta circular y cualquier otro documento que pretenda tergiversar el verdadero significado de transparencia quede invalidado. Condenamos enérgicamente esta nueva afrenta al derecho a saber de nuestros ciudadanos, acción que es un ataque frontal a la gestión periodística de fiscalizar la gestión gubernamental y el descubrimiento de la verdad”, agregó.
La organización, a su vez, emplazó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced a que aclare públicamente su posición en esta controversia, en vista de que su nombre consigna el documento y en vista de las reuniones que ha sostenido con los gremios periodísticos para definir estrategias que faciliten, y no obstaculicen, el derecho de acceso a la información en manos del gobierno.
