Bajo el argumento de que la Junta de Control Fiscal (JCF) es la única facultada por ley para someter planes de ajuste, la jueza federal Laura Taylor Swain invalidó la objeción del Gobierno para que no se de paso a los procesos que conllevarán a la confirmación del plan de ajuste, en este caso la vista para evaluar la Declaración de Divulgación.
Tras una audiencia general que duró más de siete horas, la jueza indicó que la Declaración de Divulgación se evaluará en la audiencia general de 3 de junio de 2020.
Dicha declaración sirve a modo de manual para el acreedor para entender el plan de ajuste de deuda. El Tribunal Federal es el encargado de evaluar también dicho documento, y luego se realiza una vista para aprobarlo si considera que contiene toda la información que necesitan los acreedores.
En la objeción la AAFAF expuso que el ente creado por la Ley Promesa anunció el acuerdo con ciertos bonistas de Obligaciones Generales y que, a pesar de que para la Junta el acuerdo es un paso para la aprobación del plan de ajuste de deuda del Estado Libre Asociado y salir de la quiebra, omite que el Gobierno no respalda el plan.
El Gobierno había reclamado que la sección 314 (b) (5) de Promesa establece que la corte debe determinar que los proponentes del plan, en este caso la Junta, cuenta con el apoyo legislativo para la ejecución del plan de ajuste.
Sin embargo, ayer Swain determinó que es necesario escuchar a la Junta sobre el plan de ajuste. Además, escogió fechas para las vistas de confirmación del plan de ajuste. Hasta el momento la abogada federal dijo que serán del 21 al 6 de noviembre.
Durante la vista, la representación legal del Gobierno en los casos de Título III había recalcado su oposición al acuerdo de la Junta de Control Fiscal (JCF) con bonistas de Obligaciones Generales, y por consiguiente al plan de ajuste de deuda enmendado que presentó el ente creado por la Ley Promesa el viernes pasado.
Sobre este tema, uno de los abogados de la JCF describió la Declaración de Información como un documento “complicado”, esto durante su presentación ante Swain.
“Es el producto de meses y meses de trabajo junto con el comité de mediación”, sentenció. En cuanto a las enmiendas dicha declaración, acotó que incluye información actualizada sobre los estados de cuentas, así como los efectos de los recientes terremotos.
Tras la radicación del documento la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, manifestó en una declaración escrita que “con la aprobación de este plan se reduciría el tiempo que le tomaría a Puerto Rico salir de la bancarrota y los costos legales de un litigio prolongado”.
Comité de mediación
La jueza Barbara Houser, encargada del comité de mediación, ofreció a Swain un reporte de los procesos, en el que recomendó continuar con los trabajos encaminados a la confirmación de plan de ajuste.
Houser mencionó que el comité precisamente trabaja con los conflictos de intereses, sin embargo, aclaró que “estas partes tienen unos intereses económicos extremadamente diferentes”.
Asimismo, la jueza opinó que los mediadores “no son magos”, por lo que recomendó continuar con el calendario mientras en paralelo siguen las mediaciones.
“El acuerdo enmendado es el único primer paso en el que cree el comité de mediación”, sentenció Houser, quien agregó que los principales grupos en la mediación son la AAFAF, los bonistas “clawback”, los acreedores del Sistema de Retiro y el Comité de Acreedores no Asegurados.
Houser precisó que nuevas instrucciones por parte de Swain serán necesarias. “Si no empezamos nunca podremos acabar”, sentenció sobre los procesos de Título III.
Estatus tras los terremotos
En la audiencia Luis Marini, abogado de la AAFAF, también expuso que la inversión en infraestructura será crucial para el crecimiento económico de Puerto Rico.
En su informe, la agencia detalló que actualmente permanecen refugiadas 400 personas, de 9,000 que habían en enero cuando se registraron los terremotos, incluido el de magnitud 6.4.
Asimismo, Marini sostuvo que próximamente someterán un informe al Tribunal Federal sobre los terremotos. Sobre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el abogado mencionó que la corporación pública espera por el Negociado de Energía por la aprobación del proceso de solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para la privatización. Este proceso podría concederse en este mes de marzo, según Marini.
Finalmente, se espera que hoy Swain vea el caso de la Ley 29, que libera a los municipios del pago de aportaciones del sistema de Retiro “Pay as you Go”.
Esta semana la Asociación de Alcaldes de denunció que si se deja sin efecto el estatuto tendrá un efecto devastador para los municipios, que también se enfrentan al hecho de recibir $17 millones menos en el Fondo de Equiparación.
Antes de ver este caso Swain denegó la petición del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) de fungir como amigo de la corte.
El pleito fue iniciado por la Junta de Control Fiscal en julio de 2019. En la demanda en ente creado por la Ley Promesa argumentó que la Ley para la Reducción de Cargas Administrativas de los Municipios contradice los propósitos de Promesa, que es minimizar la carga económica del Gobierno Central.
