Una opinión emitida el martes por el Tribunal Supremo de Puerto Rico restituye un fallo de culpabilidad contra el exalcalde de Guayanilla, Edgardo Arlequín Vélez por violación al Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental.
El Tribunal Supremo señaló que, al revocar el fallo, el Tribunal de Apelaciones erró al descartar la deferencia debida a la apreciación de la prueba realizada por el TPI que escuchó y dio credibilidad a la prueba desfilada en este caso, incluyendo el testimonio de la víctima, quien era una empleada municipal.
“La prueba que obra en el expediente y el derecho aplicable sostiene en su totalidad la convicción y sentencia impuesta al exalcalde”, indica la sentencia que no tuvo opiniones disidentes.
“El Artículo 4.2(b) no es ambiguo y brinda una notificación razonable sobre la conducta que se prohíbe, pues mediante el sentido común se puede entender que existe un beneficio personal e ilegal en aquellos casos donde un funcionario público- en este caso un alcalde-, utiliza los deberes y facultades de su puesto con el fin de proporcionarse un beneficio ilegal, tal como lo es un favor sexual no consentido, al acosar sexualmente a otra persona”, reza parte de la opinión de 72 páginas.
Dicho artículo establece que un servidor público “no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.
Por ese artículo, Arlequín Vélez fue encontrado culpable en 2015 y revocado en 2017 por el Tribunal de Apelaciones.
En 2016, el entonces gobernador, Alejandro García Padilla emitió una clemencia ejecutiva a favor de Arlequín Vélez, por lo que esta determinación del Tribunal Supremo no supone un encarcelamiento del exmandatario guayanillense.
Sin embargo, como no hubo una conmutación de la sentencia, cualquier violación de Arlequín Vélez a las condiciones del indulto podría conllevar su encarcelamiento.
Arlequín Vélez fue acusado y procesado judicialmente por acoso sexual contra una empleada del municipio.
