La petición sometida a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) por parte de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, solicitando la paralización de vuelos entrando y saliendo del aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, podría tener un impacto negativo al comercio y por consiguiente sobre 600,000 empleos del sector privado.
Esto, si se restringe en su totalidad el tráfico aéreo a la isla, según comunicó el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, José E. Ledesma Fuentes.
Ledesma expresó que concurre con la petición que le hiciera hoy la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González Colón, a la Gobernadora de excluir “tajantemente” a la carga aérea de esta petición, recordándole que en Puerto Rico se recibe carga comercial a través de empresas como DHL, UPS, FedEx y otras, y que su solicitud afectaría el comercio exterior de Puerto Rico.
“En el día de ayer, le cursé una comunicación a la gobernadora Vázquez Garced, expresando preocupaciones por parte de varias empresas socias, asociaciones afiliadas a la Cámara de Comercio y otras entidades integrantes de la Coalición del Sector Privado”, indicó.
Advierten de impacto
“Hay consenso de que la información publicada por La Fortaleza –sobre la petición a la FAA—es muy abarcadora y puede tener un impacto demasiado nefasto en el comercio y sus empleados, y en nuestra respuesta a la pandemia del COVID-19. Resulta que muchos de los productos y suministros que necesitamos para combatir a COVID-19 se reciben por carga aérea. Más aun, de acuerdo a los estudios que se hicieron recientemente para obtener la exención de opciones de trasbordo de carga y pasajeros con el Departamento de Transportación Federal [cosa que se consiguió], se había determinado que aproximadamente el 50% de la carga aérea se acarrea en
vuelos de pasajeros, por lo que tenemos que advertir al Gobierno del potencial impacto negativo al comercio local”, señaló Ledesma.
“El artículo publicado esta semana en la reconocida revista “Forbes” propone que se considere a Puerto Rico como el centro de manufactura estadounidense en el sector de medicamentos y dispositivos médicos. En los últimos años, este sector ha demostrado tener un récord impecable de operación, demostrando nuestra resiliencia por encima de cualquier otro país o región en el mundo. Este sector actualmente esta exento de la orden de cierre y toque de queda, y ha continuado operando de manera confiable y responsable con medidas de seguridad. Si por decisión de política publica se restringen las exportaciones, esto es dinamita contra el argumento
de que el sector es resistente a desastres, porque el sector médico en Estados Unidos y a nivel global no podrá beneficiarse de los productos que se manufacturan y exportan desde Puerto Rico”, añadió Ledesma.
Solicitan reunión
En adición, esta petición puede crear un precedente negativo con relación a la posibilidad de que el Gobierno Federal extienda la petición fuera de nuestro control, o que en un futuro aplique unilateralmente esta medida, sin nuestra consulta o consentimiento, expuso Ledesma.
Ante esta disyuntiva, se solicitó a la gobernadora Vázquez Garced una reunión lo más pronto posible [vía teleconferencia] para poder dialogar sobre este asunto. Se solicitó la participación del Secretario de Desarrollo Económico, y el Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, líderes de asociaciones afiliadas a la Cámara de Comercio, y cualquier otro funcionario relacionado a esta medida.
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