En medio de la emergencia por el COVID-19, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó ayer una nueva versión de su plan fiscal, que incluye un aumento en la matrícula de las escuelas laboratorio, escuela elemental de la UPR y University High School (UHS).
Mientras, el organismo rector suspendió —por el momento— los cambios al sistema de retiro de los empleados de la institución.
De acuerdo con el documento avalado por cinco miembros del ente rector, se le impondrá a los estudiantes de las escuelas laboratorio una matrícula mensual de $300 y una cuota anual de $500, lo cual elevaría el costo a unos $3,500 anuales.
Actualmente, según el documento fiscal, los estudiantes no pagan matrícula mensual. Sin embargo, bajo el sistema corriente, los estudiantes de grados elementales pagan una cuota de $200 mientras que los estudiantes de la secundaria pagan $100 anuales.
La representante claustral, Mayra Olavarría, se opuso al aumento debido a que no se consultó a la comunidad estudiantil. “[La propuesta] no trae ningún aval de ningún lugar del recinto, no trae aval de la Junta Administrativa, nada de Senado, ningún anejo que nos pudiera evidenciar que eso se habló en la comunidad”, señaló la profesora durante la reunión.
Por su parte, Walter Alomar, presidente de la JG defendió el aumento y alegó que la propuesta se originó en la propia comunidad universitaria. Sin embargo, más adelante, el propio presidente de la UPR, Jorge Haddock, reconoció que, en todo caso, la propuesta surgió de la administración escolar.
Alomar, sostuvo que establecerían un fondo de becas al cual podrían tener acceso el 40 % del estudiantado, ya que el otro 60 % tendría capacidad económica para costear el alza.
En la reunión, la presidenta del Consejo de Estudiantes de la UHS, Daniella Gibson, tronó contra los aumentos propuestos y exigió la participación estudiantil. “Exigimos un cese y desista de dicha propuesta, que además de inconstitucional, por ser una escuela pública adscrita a la Universidad de Puerto Rico, se ha llevado a cabo sin la participación de quienes recibirán el impacto de estos costos”, indicó la estudiante por medio de declaraciones escritas.
El plan fiscal ahora pasa a evaluación de la Junta de Control Fiscal.
Mientras, la Junta de Gobierno propuso cambiar el sistema de retiro de los empleados de la UPR a un plan de contribución definida y aumentar la edad de jubilación de 58 años a 65 años.
Sin embargo, detuvieron la inclusión de estos cambios debido a que el sábado pasado la Legislatura ordenó frenar cualquier enmienda al actual sistema de retiro que se rige por un plan de beneficios definidos.
Zoraida Buxó, vicepresidenta de la JG, aseguró que si no realizan cambios al sistema de retiro, este podría quedar insolvente en 13 años.
