Desde minimizar la llegada del coronavirus a la isla hasta el despido de funcionarios, el manejo del gobierno ante la emergencia salubrista provocada por la pandemia ha estado repleta de polémicas.
Y es que, ante la rápida propagación de esta enfermedad desde noviembre de 2019 en la ciudad de Wuhan en China, la amenaza del virus comenzó a tocar la puerta en la isla desde principios de febrero.
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A un mes de la activación del protocolo por parte del gobierno, la isla cuenta con 573 casos positivos y otras 23 personas han fallecido debido al coronavirus también conocido como Covid-19.
Sin embargo, en enero, mientras los casos aumentaban en China y comenzaban a registrarse en otros países del continente asiático y europeo, el entonces secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, minimizaba las posibilidades de que el virus fuese a llegar a nuestras costas ya que no existen vuelos directos entre Puerto Rico y China. “(El virus) podría llegar, pero ahora mismo es bien poco probable por los controles que tiene el gobierno federal y ahora me siento más tranquilo que ya tienen también un ‘assessment’ (evaluación) en el aeropuerto Luis Muñoz Marín porque ahí se reciben vuelos internacionales, aunque en la Comunidad Europea, en todos los aeropuertos se están también implementado las mismas medidas que el CDC. Sería como una segunda revisión de personas que entren a Puerto Rico”, dijo el secretario el pasado 29 de enero.
Incluso, a principios de febrero, el representante novoprogresista Juan Oscar Morales opinó que la agencia estaba tomando muy liviana la preparación ante la inminente llegada de la nueva cepa del coronavirus. No fue hasta mediados de febrero que Rodríguez Mercado detalló que en la isla hay unos 356 cuartos de aislamiento en las instituciones hospitalarias del país. Hasta esa fecha, el funcionario insistía en que le preocupaba más la incidencia de casos de influenza que la llegada del Covid-19.
Las polémicas con el manejo de la crisis continuaron con la entonces epidemióloga del Estado, Carmen Deseda, quien aseguró en una entrevista radial a finales de febrero que la alta cantidad de casos en países como Italia se debía a la cercanía de este con China. “Si te fijas a ver, muchos de estos países vienen teniendo contacto, o sea, son cercanos al área de China. Fíjate, ¿cuáles son los países? Por ejemplo, Italia. O sea, son países cerca”, señaló Deseda en ese entonces. Entre Italia y Wuhan —ciudad donde se originó el virus— los separan unos 8,815 kilómetros de distancia.
Se aproxima la crisis
A menos de un mes de insistir en la baja probabilidad de que el virus llegara a la isla, Rodríguez Mercado admitió en una conferencia de prensa que la llegada del coronavirus a la isla era inminente, esto tras registrarse los primeros casos en Nueva York, Florida y República Dominicana.
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“Sería irrazonable pensar que [el coronavirus] no va a llegar a Puerto Rico”, comentó Rodríguez Mercado el pasado 2 de marzo tras una reunión del task force gubernamental en el Departamento de Estado.
Fue entonces, que el 8 de marzo, se reportó el primer caso sospechoso de coronavirus luego de que una turista italiana de 68 años presentara síntomas similares a los del Covid-19. De acuerdo con Salud, la turista llegó junto a su esposo abordo del crucero Costa Luminosa. Mientras se esperaba por los resultados de la paciente de 68 años, el secretario Rodríguez Mercado indicó que tenía la impresión que la mujer padecía de una pulmonía tipo bacteriana y que estaba en mejoría. El 13 de marzo se confirmó que la turista y su esposo asintomático padecían del virus. Ocho días después, la mujer se convirtió en la primera muerte asociada al coronavirus en la isla.
Y ante las alertas por los pasajeros del crucero Costa Luminosa, se informó que Carla Campos, directora de la Compañía de Turismo había compartido con la tripulación a su llegada al puerto. Pese a su contacto con los tripulantes de este barco, Campos continuó asistiendo a las conferencias de prensa del gobierno. No fue hasta el 18 de marzo que la funcionaria reveló que se encontraba en un aislamiento preventivo.
Comienzan las bajas
A solo horas de que se confirmaran los primeros tres casos sospechosos de Covid-19, la gobernadora despidió a Rodríguez Mercado. Sin embargo, Deseda se mantuvo como epidemióloga del Estado pese a críticas sobre su gestión en el manejo de la emergencia. A días de la confirmación de los primeros positivos, Deseda continuaba insistiendo que no había contagio comunitario debido a que todos los casos correspondían a personas que venían del extranjero. Concepción Quiñones de Longo, hasta entonces subsecretaria, asumió el timón de la agencia.
Cinco días más tarde, la gobernadora anunció la creación de un task force —compuesto de expertos del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico— en el que no incluyó a Deseda, pese a que permanecía en su puesto. También informó que el Hospital Universitario Ramón Ruiz Arrnau (Hurra), en Bayamón, sería la institución que recibirá a los pacientes de coronavirus en estado crítico.
Ese mismo día, Quiñones de Longo removió de la agencia a Mabel Cabeza, chief of staff y mano derecha de Rodríguez Mercado, y a quien se le señala de tener lazos con Elías Sánchez, cabildero y amigo del pasado gobernador, Ricardo Rosselló. La funcionaria permaneció en el gobierno luego de que Quiñones de Longo accediera a enviarla en destaque a La Fortaleza.
Luego, el 26 de marzo, el gobierno volvió a conmocionarse en medio de la emergencia, ante la salida de Quiñones de Longo del gobierno. Días después de su renuncia, la exsecretaria interina de Salud denunció irregularidades en la entrega de 500 pruebas para detectar el coronavirus.
Aquí el vídeo en el que Quiñones de Longo explica su renuncia:
Tras su salida, la exfuncionaria expuso que sacó a Cabeza debido a que albergaba dudas sobre su estilo de trabajo y debido a un supuesto favoritismo que exhibía en asuntos como el nombramiento de personal y contrataciones. Cabeza, sin embargo, negó los señalamientos y hasta amenazó con demandar contra quienes la habían “difamado”.
En medio de una conferencia de prensa esa noche, Vázquez anuncia a Lorenzo González como el tercer secretario de Salud en el periodo de crisis. Y a preguntas de los medios, la mandataria reveló tímidamente que Deseda había abandonado el gobierno.
Luego de su confirmación en el Senado, González, despidió el 30 de marzo a Cabeza del Departamento de Salud, por lo que también significó la culminación de su destaque en La Fortaleza. En momentos donde crecía la polémica debido a las declaraciones de Quiñones de Longo contra Cabeza y el manejo de estas pruebas, la gobernadora solicitó al secretario a investigar el otorgamiento del contrato.
En alza los casos y cuestionamientos sobre preparación
Con ocho muertes registradas, González admitió el 31 de marzo que el Hurra —institución que recibiría a pacientes críticos de coronavirus— no estaba listo. El funcionario, asimismo, advirtió que instituciones que rechacen pacientes sospechoso de coronavirus serán multados luego de que unos paramédicos denunciaran que hospitales en Bayamón no permitieran la entrada de pacientes a sus instituciones.
La controversia volvió a salpicar al Departamento de Salud luego de que se descubriera la existencia de un inventario de medicamentos expirados en un almacén del Departamento de Salud. Tres días más tarde, se descubrió la existencia de otro inventario de medicamentos expirados en Vieques. González aseguró que investigarán las irregularidades.
Apenas un día después trascendió que el Departamento de Salud solicitó a una empresa la devolución de $19 millones que se habían desembolsado a una empresa privada como adelanto para adquirir un millón de pruebas rápidas para detectar el nuevo coronavirus que no contaban con la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, siglas en inglés). En transacciones separadas, el gobierno había comprometido sobre $40 millones para adquirir pruebas rápidas a sobreprecio. A su vez, se alegó que estas fueron compradas a compañías que no tenían experiencia en el manejo de productos médicos y que presuntamente están ligadas al Partido Nuevo Progresista.
Ayer, González confirmó que las compras de pruebas rápidas está siendo investigadas por las autoridades federales.
