La jueza federal Laura Taylor Swain anuló el miércoles, la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios (Ley 29 de 2019), que busca eximir a los ayuntamientos del pago al plan de salud y el retiro de los jubilados mediante el sistema ‘Pay as you Go’, según lo confirmó el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez.
Según Emmanuelli Jiménez, se le concedió al Gobierno de Puerto Rico tres semanas para buscar alternativas de cómo se emitirá los pagos correspondientes de manera retroactiva.
“La jueza resolvió declarando que la Ley 29 y las resoluciones que reasignaban fondos en contra de Promesa”, señaló Emmanuelli Jiménez en entrevista radial. (Radio Isla 1320)
“Le dieron tres semanas al gobierno para darle la vuelta para que los municipios no se vayan en quiebra”, añadió.
El presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo, dio a conocer el pasado 20 de febrero de 2020, que el organismo radicó un recurso ante la Corte Federal para unirse como amigo de la corte en el caso sobre la Ley 29, en el que el organismo advierte al Tribunal que la anulación de la mencionada ley conllevaría que unos 35 municipios quedaran al borde de la quiebra.
Indicó que en el recurso legal el CRIM expone, que la vigencia de la Ley 29 ha representado un respiro para las arcas de los municipios, pues los exime de la aportación que los ayuntamientos venían obligados a hacer para el Plan Vital de Salud y el “Paygo”.
Impacto económico a municipios
“Estos pagos representan para los municipios un impacto económico sustancial en sus presupuestos, por lo que la Ley 29 evitó que muchos municipios pequeños colapsaran, mientras que para los municipios grandes hubiera significado una reducción dramática en los servicios esenciales, en áreas neurálgicas como salud, seguridad educación y de recogido de basura, entre otros” , sostuvo el alcalde de Cidra en una comunicación escrita.
Añadió, que obligar a los municipios a desembolsar esos fondos tendría un efecto devastador para los ayuntamientos, que no podrían resistir ese impacto en presupuestos que ya han sido impactados con reducciones en los pasados años.
Alegó, que de igual forma, se afectaría la economía de los municipios pues, el efecto directo en los ciudadanos creará un efecto dominó que se sentirá en todas las áreas del quehacer en los ayuntamientos.
La demanda fue radicada por la Junta de Control Fiscal (JCF) en contra del gobierno de Puerto Rico, alegando la nulidad de la Ley 29 entre otras leyes y resoluciones aprobadas que impactan el presupuesto general del gobierno. La determinación de jueza Swain conllevaría la devolución de todos los recursos económicos desembolsados bajo esa Ley.
“Para los municipios esto representaría la obligación de desembolsar de inmediato decenas de millones de dólares, recursos con los que no cuentan”, indicó el presidente de la Junta del CRIM.
