En torno a 1.200 presos podrían salir de las cárceles mexicanas gracias a una ley de amnistía recién aprobada por el Senado para sentenciados por delitos no graves y a las medidas que prepara el gobierno federal para excarcelar a presos en riesgo de contraer el COVID-19, indicó el martes Juan José García Ochoa, responsable de la política de reinserción del sistema penitenciario federal.
En entrevista con The Associated Press, el funcionario estimó que los afectados por la ley de amnistía avalada el lunes serían unos 800 presos —menos de los 2.600 que calculó el Senado—, en su mayoría personas sentenciadas por posesión o transporte de droga en situación de pobreza, con discapacidad, que fueron obligadas por los grupos criminales o indígenas a quienes no se les haya garantizado un debido proceso.
Otros 400 reos podrían verse beneficiados por la “adecuación de la medidas de seguridad” que se preparan con motivo de la epidemia para adultos mayores con algún tipo de factor adicional de riesgo y para mujeres embarazadas. Esto podría conllevar, entre otras cosas, arrestos domiciliarios y, a diferencia de la amnistía, podría afectar no sólo a sentenciados sino a personas con el proceso abierto.
El objetivo, explicó García Ochoa, es reducir en lo posible el riesgo de contagio entre presos federales, unos 17.000, pero recordó que el grueso de las personas privadas de la libertad son presos comunes que están en cárceles estatales y a quienes no afectan estas medidas. En esos casos cada estado es el que tiene el poder para tomar las medidas que considere pertinentes.
La población reclusa total del país es de unos 200.000 internos.
Hasta el momento sólo tres estados —el Estado de México (centro), Yucatán (sureste) y Jalisco (oeste)— han reportado en total una decena de casos confirmados de coronavirus pero García Ochoa dijo que hay “unos 150 casos sospechosos en todo el país”, ninguno en cárceles federales, que son las de más seguridad y las menos pobladas.
En casi todos los reclusorios, agregó, se han reducido significativamente las visitas y se han puesto en marcha medidas adicionales de higiene o aislamiento de personas sospechosas.
El lunes el Senado aprobó por un procedimiento de urgencia la ley de amnistía que se estaba analizando antes de la pandemia pero que cobró especial importancia porque ahora puede ayudar a evitar contagios en el interior de las prisiones aunque expertos dicen que su alcance será mínimo.
Por ejemplo, la ley contempla amnistiar a mujeres encarceladas por abortar pero, según García Ochoa, no hay ninguna, ya que las que están en prisión por interrumpir su embarazo, están sentenciadas bajo leyes estatales, con lo cual no se verán afectadas.
Elena Azaola, experta en temas penitenciarios del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, consideró las medidas “un buen gesto pero absolutamente insuficiente” por su escaso alcance y porque no afectarán a los internos de las cárceles más hacinadas del país, las estatales.
Según un forme de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2019, más del 62% de esas prisiones tienen deficientes condiciones de higiene.
Naciones Unidas celebró la aprobación de la ley y el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras felicitar al Senado, quiso dejar claro el lunes que la amnistía es una acción “humanitaria” que no significa “que estamos sacando de la cárcel a delincuentes peligrosos”.
El funcionario subrayó que una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgue la ley, lo más urgente sería agilizar los procesos tanto de amnistía como las otras medidas para que sean efectivas “en cuestión de días” y por ello ya han comenzado un diálogo con la judicatura, ya que tales acciones tienen que ser avaladas por un juez.
