La Junta de Control Fiscal aseguró hoy que busca soluciones con los municipios ante la decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain de anular la Ley 29, que dejaba la responsabilidad del pago de las pensiones de los municipios en el gobierno central.
“A la luz de la decisión de la jueza Swain, la Junta de Supervisión se reunió con el CRIM y representantes de las asociaciones de alcaldes. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo a desarrollar soluciones aceptables apropiadas para el tema de la Ley 29-2019”, establece una carta firmada por la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko.
En la misiva dirigida al gobierno añade que “en consecuencia, proporcionaremos nuestra visión de los próximos pasos por escrito el próximo martes, cuando también estaremos preparados para reunirnos y discutirlos”.
La demanda fue radicada por la Junta de Control Fiscal (JCF) en contra del gobierno de Puerto Rico, alegando la nulidad de la Ley 29 entre otras leyes y resoluciones aprobadas que impactan el presupuesto general del gobierno. La determinación de jueza Swain conllevaría la devolución de todos los recursos económicos desembolsados bajo esa Ley.
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