La emergencia causada por el brote de coronavirus en la Isla ha traído números históricos en las solicitudes de ayudas gubernamentales, tales como el seguro del desempleo y el Programa de Asistencia Nutricional (PAN).
Sin embargo, los reclamos de los ciudadanos son más evidentes en la quinta semana de cuarentena y de cierre de los comercios por el COVID-19.
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La secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Briseida Torres, mencionó en entrevista con Metro que el número de solicitudes de desempleo asciende a más de 173,000. Esto creó una avalancha en el centro de llamadas de la agencia, por lo que contrataron uno privado que tampoco da abasto.
Ante esta realidad, Torres expuso que buscan aumentar la capacidad del centro de llamadas. “Estamos tomando medidas tanto para ampliar el horario de los trabajadores del Departamento que no necesariamente atienden llamadas pero atienden otro tipo de situaciones para agilizar los pasos”, afirmó.
Además, el DTRH tiene que diligenciar el dinero del desempleo federal, que aumenta hasta $600 semanales el beneficio. Estos fondos aún no se han desembolsado pese a que ya llegaron a la Isla, debido a una reprogramación que hace la agencia en sus sistemas.
Mientras, el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), ha recibido 79,000 solicitudes desde que comenzó la emergencia de salud en Puerto Rico. Sin embargo, el Departamento de la Familia ha procesado solo 16,000 de esas solicitudes y 9,000 han sido denegadas.
“Estamos solicitando que aquellas personas que no se haya cualificado vuelvan y entren al sistema porque posiblemente, dentro de esas 9,000 solicitudes aproximadamente (que se han rechazado) falte información como el teléfono, el correo electrónico u otra información valiosa para poder cualificar a estas personas”, dijo el secretario interino de la agencia, Eddie García Fuentes en conferencia de prensa esta semana.
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A la espera de los $1,200 del gobierno federal
Mientras los residentes de la Isla no solo esperan por las ayudas locales del desempleo y el PAN, sino que también aguardan por el incentivo federal de $1,200 incluido en la Ley CARES.
El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, dijo a este medio que la agencia estará lista el 27 de abril para empezar a enviar el dinero, sin embargo, aún se espera por la autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Básicamente hay unos puntos operacionales, cómo el Departamento podía validar cierta data con el Tesoro federal y viceversa para evitar duplicidad de pago y asegurarnos que las personas reciban los fondos que son y que le corresponden por ley”, expuso el funcionario a Metro sobre las conversaciones que se mantienen para lograr que se envíe el dinero.
Ayer, la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció que ya se recibieron $2,200 millones de ayuda para la Isla por parte de la Ley Cares. Este dinero contiene partidas para los hospitales, universidades, aumento en el PAN y aeropuertos, entre otros, pero no incluye los fondos del incentivo de $1,200.
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Golpe a pueblo bajo el índice de pobreza
El economista José Caraballo Cueto sostuvo que la tardanza en la respuesta gubernamental en la crisis de salud por el coronavirus traerá consecuencias como hambre, así como falta de productos de aseo personal y de protección contra el virus.
“Esto tiene un efecto doble, tiene un efecto en la calidad de vida de las personas porque no pueden satisfacer sus necesidades más básicas. Esas personas sabían que los programas existían, y no habían participado porque no lo necesitaban, pero ahora que no están trabajando, que no están devengando ingresos, están buscando en cuál red de seguridad apoyarse, y una red de seguridad que hay se supone que esté disponible es el PAN”, mencionó el experto.
De igual forma, expuso que el atraso en las ayudas en medio de la emergencia limita la demanda agregada, es decir, el gasto en los comercios que sí pueden abrir en la cuarentena. Caraballo Cueto recalcó que el no atender las solicitudes de ayuda agudiza la pobreza en la Isla y que los puertorriqueños podrían pasar hambre al no tener acceso a las ayudas.
El también profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey, recordó que en el cierre del Gobierno de 2006 los empleados públicos tuvieron que solicitar el desempleo. Caraballo Cueto recomendó que como en esta ocasión los empleados están en su casa pero siguen cobrando, sean capacitados para atender el flujo de pedidos en Familia y el Departamento del Trabajo. “Hay que pedirle algo a cambio porque están cobrando con el dinero del pueblo”, opinó.
“Esto es una pobreza causada por el Gobierno, porque si hubiese atendido a tiempo estas solicitudes, la gente hubiera pasado la cuarentena con algún tipo de ingreso y podría cubrir sus necesidades más básicas”, señaló.
Deficiencia gubernamental
Por otro lado, la falta de mantenimiento en los sistemas del Gobierno pudo ser la causante del atraso en la atención a los ciudadanos, opinó el abogado laboral y exsecretario del Trabajo, Ruy Delgado.
“Los fondos llegan pero no tenemos los mecanismos ni los programas actualizados, preparados para atender las situaciones. Se han retrasado demasiado”, anotó el exfuncionario. “Esperemos que estén a tiempo porque las ayudas tarde muchas veces no son ayuda”, añadió.
Delgado puntualizó que la Isla se quedó rezagada en las ayudas del Programa de Protección de Nómina federal. “No puedo hablar de negligencia ni que lo están haciendo adrede. Entiendo que hay un problema de falta de capacidad, de falta de destreza, en términos de que los equipos estuvieran preparados a tiempo”, reiteró.
Finalmente, Delgado dijo que el Gobierno debe atemperar sus tecnologías para poder desembolsar los miles de millones de dólares que llegan a Puerto Rico por la crisis del COVID-19.
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