El gobierno de Estados Unidos continúa con sus planes para erigir un muro fronterizo incluso aunque las comunidades en donde se construye protestan por la presencia de trabajadores, de acuerdo con documentos judiciales.
En el área de Yuma, Arizona, el gobierno modificó el 24 de marzo un contrato para agregar 2,4 kilómetros (1,5 millas) de un muro fronterizo de 9 metros (30 pies) de altura, con la parte superior angulada y una placa para evitar que sea escalado, a un costo de 55,8 millones de dólares. Ello de acuerdo con un documentos de Sierra Club obtenidos esta semana en una de dos demandas que impugnan el uso de fondos del Departamento de Defensa para construir el muro.
El gobierno federal pretende otorgar otro contrato de 50 millones de dólares el próximo mes para agregar cables de fibra óptica, iluminación, circuito cerrado de televisión, un sistema de detección terrestre y señalización.
Aun así, legisladores y activistas piden que se detenga la construcción durante la epidemia de coronavirus, ya que alegan que los trabajadores ponen en riesgo a las pequeñas comunidades fronterizas con pocos recursos de atención médica.
En Ajo, Arizona, equipos de construcción trabajan en un proyecto de muro y atemorizan a los residentes que temen contagiarse del virus, dijo Emily Saunders, una habitante del lugar.
Ajo tiene unos 3.500 residentes y ha vivido por años la construcción de barreras fronterizas y el aumento de personal de la Patrulla Fronteriza. Algunos de los trabajadores vienen del área de Phoenix, aproximadamente a 90 minutos en auto hacia el norte.
“Aquí en Ajo, estamos tan aislados que cuando la gente llega de la ciudad trae gérmenes que nosotros no tenemos”, dijo Saunders, quien agregó que el hospital más cercano está a 90 minutos de distancia.
Los residentes de Ajo con frecuencia también tienen que pasar por puestos de revisión de la Patrulla Fronteriza en donde los agentes rara vez utilizan mascarillas u otro equipo de protección, dijo Saunders.
“Se vuelve muy evidente que nuestra seguridad en realidad no es lo que en verdad le preocupa al gobierno en estos momentos. Me parece que el control fronterizo es su prioridad”, dijo.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que la construcción del muro continúa porque hacerlo en áreas de alta prioridad permite que la Patrulla Fronteriza “decida en dónde se llevan a cabo los cruces fronterizos, no los traficantes”, y que la agencia puede enviar personal y tecnología para complementar las barreras fronterizas.
“Las actividades de tráfico humano y de drogas ilegales han disminuido en aquellas áreas en donde se utilizan las barreras. El tráfico ilegal de cruces fronterizos también se ha dirigido a zonas con barreras heredadas e inferiores, o sin barreras”, dijo la agencia en un comunicado.
El viernes, el representante federal por Arizona Raul Grijalva y otros tuvieron una conferencia telefónica para exhortar al gobierno a detener la construcción, por lo menos temporalmente, para proteger a las pequeñas comunidades fronterizas del virus.
“Seguimos insistiendo en que se detengan, que es un riesgo para la salud, durante esta emergencia. Por no decir el daño ambiental que provoca”, dijo Grijalva. “Quisiera que los detuvieran permanentemente. Pero incluso cuando pedimos una pausa, no hay reacción y ni siquiera un comentario de Seguridad Nacional o del Departamento de Justicia”.
Construir más tramos de barrera a lo largo de la frontera sur ha sido una de las promesas de campaña más importantes del presidente Donald Trump. Esta semana, la CBP lanzó una página web dedicada a todo lo relacionado con el muro fronterizo, incluyendo un video de la construcción en curso. Para esta semana, el gobierno había completado 273 kilómetros (170 millas) de muro fronterizo y están bajo construcción aproximadamente 290 kilómetros (180 millas) más. El gobierno había prometido construir 724 kilómetros (450 millas) para finales del año.
En Texas, abogados del gobierno continúan con la adquisición de tierras para construir en propiedad mayormente privada.
Efrén C. Olivares, director legal del Programa de Justicia Racial y Económica del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, dijo que la mañana del viernes, topógrafos del gobierno intentaron entrar a la tierra de una de sus clientas sin la debida notificación.
La clienta, una mujer de unos 60 años, tenía miedo porque los topógrafos llegaron sin mascarillas, guantes u otro equipo protector, agregó Olivares.
