La adquisición de un millón de pruebas serológicas de Covid-19 a Apex General Contractors no siguió el trámite burocrático dispuesto por las normativas que regulan los procesos de compras de emergencia, trascendió hoy en la vista de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.
A preguntas del presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, funcionarios de la Administración de Servicios Generales (ASG) y el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) admitieron que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) autorizó los fondos para la compra previo a que ASG tuviera la oportunidad dar el visto bueno para proceder con la transacción.
Guarina Delgado, ayudante especial en el Nmead y la persona que firmó la orden de compra y el contrato con Apex por $38 millones, precisó que a las 4:06 p.m. del 26 de marzo recibió de la OGP la certificación para proceder con la transacción bajo los parámetros de un periodo de emergencia.
Sin embargo, Morales puntualizó que, a ese punto, ASG no le había asignado a la propuesta transacción un “número de control”.
La Ley 73-2019 que centralizó en la ASG las compras gubernamentales, dispone que toda “compra excepcional”, entre las que se encuentran los procesos de licitación bajo una emergencia declarada, “deberá ser recomendada” por el administrador auxiliar de adquisiciones y “autorizada” por el oficial de licitación de esta agencia.
La administradora auxiliar de adquisiciones, Jacqueline Lozada Nieves, señaló que ASG no fue consultada por el Departamento de Salud, que era la agencia peticionaria para la orden de pruebas rápidas.
Según consta en el tracto documental de la compra a Apex, Nelson Elías, el coordinador interagencial de ASG ante el Centro de Operaciones de Emergencia, no asignó el número de control hasta las 4:28 p.m. del 26 de marzo, es decir, luego de que OGP le hubiera notificado a Delgado su autorización.
El negocio con Apex se completó en esa fecha, apenas dos días después de que el Departamento de Salud tuviera su primer contacto con Juan Maldonado, representante legal de la empresa, según han declarado las funcionarias de la agencia que estuvieron a cargo de obtener la cotización y discutir la oferta.
La necesidad de obtener ese número de control por parte de ASG se dispone en el memorando 005-2020 emitido por la OGP el pasado 16 de marzo, luego de que la gobernadora Wanda Vázquez declarara el estado de emergencia a raíz de la epidemia del Covid-19.
Las compras de emergencia se tramitan mediante la llamada forma 113 del Nmead, que permite solicitar un reembolso al gobierno federal por los gastos extraordinarios incurridos.
Lozada Nieves declaró que fallas en el trámite similares a las de la compra con Apex también ocurrieron en una compra de respiradores artificiales por $4.5 millones.
Polémico pago adelantado
Morales confrontó a Delgado sobre una factura firmada por el comisionado del Nmead, José Burgos, el 27 de marzo, en la que autorizaba el pago por adelantado de $19 millones a Apex.
Según el representante, en el documento se establece que el pago obedece a una orden de compra ya entregada. Sin embargo, las pruebas rápidas, que nunca llegaron a la isla, debían ser entregadas el 31 de marzo, a cinco días de la firma del contrato.
En la vista también testificó la secretaria auxiliar del Tesoro en el Departamento de Hacienda, Jeira Belén, quien describió los esfuerzos para lograr la devolución de los $19 millones.
De acuerdo con la funcionaria, el 1 de abril Nmead solicitó que la transacción se detuviera, luego de que los ‘rapid test kits’ no llegaran en la fecha estipulada. Sin embargo, dijo que nunca recibió de la agencia una comunicación por escrito que le pudiera presentar al banco para justificar el pedido.
No fue hasta el 3 de abril cuando, tras recibir directrices del secretario de Hacienda, Francisco Parés, Belén se comunicó formalmente con el Banco Popular para reclamar la devolución.
Al día siguiente, Oriental Bank, donde Apex mantenía su cuenta, se comunicó con Belén para informarle que habían confirmado la devolución, que se reflejó finalmente el 6 de abril.
Según el administrador de ASG, Ottmar Chávez, temprano en la tarde del 3 de abril se había comunicado con Parés para informarle que un representante legal de Oriental le había advertido que el depósito de $19 millones en la cuenta de Apex había levantado bandera por tratarse de una cuantía inusual.
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