La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), denunció la intención de las autoridades gubernamentales de censurar previamente las manifestaciones que se llevarán a cabo mañana 1ro de mayo, Día Internacional del Trabajador.
Hoy trascendió que la Policía cerrará importantes vías de tránsito desde hoy hasta mañana viernes. “A los efectos de preservar y mantener un ambiente seguro, tanto para los manifestantes, como para todo ciudadano que transite o visite el municipio de San Juan, informamos que las siguientes vías serán cerradas durante la tarde de hoy y el día de mañana”, lee una comunicación de la Oficina de Prensa Central del Negociado de la Policía”
El cierre de carreteras incluye las avenidas Ponce de León, frente al edificio de Liberty; Carlos Chardón, intersección con la Escuela Libre de Música; Muñoz Rivera, intersección con Avenida Arterial B; Roosevelt, intersección con calle Chile desvío a avenida Barbosa; calle México, a la altura de Liberty, desvío para la calle Uruguay y calle Chile; y calle Bolivia, a la altura de MCS Plaza, desvío por la calle Uruguay.
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Al cuestionar la acción de la Uniformada, la ACLU recordó que cualquier manifestación está protegida por la Constitución.
“Esta actividad, protegida por la Constitución, no se puede censurar previamente por el gobierno. Especialmente cuando las vías y plazas públicas son foros de expresión pública tradicionales. Al limitar arbitrariamente el acceso y notificar a la población que las manifestaciones no están permitidas por la Orden Ejecutiva, se censura previamente el mensaje y se trata de disuadir a los manifestantes, por lo que se coartan los derechos constitucionales fundamentales”, expresó la organización en un comunicado de prensa.
Aseguraron que a pesar de la orden ejecutiva en vigor, el derecho a la expresión no puede “anularse arbitrariamente”.
“Ningún estado de emergencia puede suspender nuestras garantías constitucionales. La Oficina del Secretario de Justicia Federal en su memorando del 27 de abril 2020, indica: ’Tal como ha dicho el Departamento de Justicia previamente … aún en tiempos de emergencia […] la Primera Enmienda y leyes federales prohíben [ . . .] el discrimen contra mensajes desfavorecidos o interferencia irrazonable a la economía nacional. Si un estado o decreto local se pasa de la línea del ejercicio apropiado de su autoridad para prevenir el COVID-19 y se convierte en una violación excesiva de una protección constitucional o legal, el Departamento de Justicia federal se verá en la obligación de abordar ese exceso y extralimitación en el tribunal federal'”, destacó la ACLU en su comunicación.
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