El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) exigió hoy a las autoridades federales que no intenten imponer la pena de muerte en el caso por el doble homicidio de mujeres trans en Humacao.
“La venganza no es sinónimo de justicia. Nuestra Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte y nuestro pueblo reafirma esa máxima. Por lo que pedimos que no se intente meter la pena capital por la cocina. Exigimos justicia para Serena Velázquez y para Layla Peláez, pero no queremos quitarle la vida a nadie”, aseveró Pedro Julio Serrano, portavoz de CABE.
Más aún, Carmen Milagros Vélez Vega, portavoz de CABE, indicó que aunque satisface a CABE que se haya arrestado a los sospechosos, “estos crímenes de odio no ocurren en un vacío. Ocurren en una victimización que se va dando y se dan las quejas, pero no vemos en la Policía de Puerto Rico un aliado y tampoco a las personas que se supone que nos defiendan desde el estado. Detrás de ellos está el discurso homofóbico y fundamentalista de que nuestras comunidades LGBTTIQ+ valen menos, y de que alguna manera somos criminales también”.
CABE se opone a la pena de muerte “en todos los casos, sin excepción, independientemente del delito del que se trate, de las características del delincuente y del sistema de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena, cruel, inhumana y degradante. La pena de muerte no resuelve nada. Inyectando violencia no vamos a terminar con la criminalidad”, dijo Osvaldo Burgos, portavoz de CABE.
Por último, los portavoces de CABE exigieron que las autoridades estatales y federales esclarezcan los restantes siete casos de personas LGBTTIQ+ que han sido asesinadas en los pasados 15 meses. Los casos sin resolver responden a los asesinatos de Kevin Fret, Alexa Negrón Luciano, Emilio Colón, Javier Morales, Carlos Robin Morales, Yampi Méndez y Luis Díaz. En el caso del asesinato de Penélope Díaz, ya se arrestó a un sospechoso tras asesinarla en la cárcel de hombres de Bayamón.
El pasado 1 de mayo, Juan Carlos Pagán Bonilla (Pagán) de 21 años, y Sean Díaz de León (Díaz) de 19 años fueron acusados por medio de una querella en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico por usar y portar un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia, en relación con la muerte de dos mujeres transgénero, anunciaron el Fiscal General Auxiliar Eric Dreiband, el Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico W. Stephen Muldrow y el Director del FBI en Puerto Rico Rafael Riviere. Este caso está siendo investigado por la Policía de Puerto Rico (“POPR”) y el FBI. Pagán y Díaz están bajo custodia federal.
