La decisión de acortar el semestre escolar, la tardanza en la compra de equipo tecnológico, y la falta de un plan educativo a largo plazo a distancia por parte del Departamento de Educación (DE) fueron algunos de los aspectos criticados por Arnaldo Cruz, director del Departamento de Investigación y Política Pública de la Junta de Control Fiscal (JCF).
En un ensayo publicado en la página web de la Junta, el investigador destaca que según modelos epidemiológicos, el sistema educativo podría enfrentar tres escenarios: poder abrir en agosto, el cierre de las escuelas en lo que queda de año 2020 y reinicio presencial en enero de 2021, y el tercer escenario, el cierre de las escuelas hasta agosto de 2021.
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“Aunque el DE ha anunciado una serie de iniciativas, nos preocupa que no forme parte de un esfuerzo coordinado mayor para atender las necesidades de los estudiantes durante la crisis en cualquiera de estos escenarios”, puntualizó.
Asimismo, Cruz comparó la alternativa de educación a distancia que ofreció el DE, que incluyó una serie de módulos remediales en el sitio web en formato PDF que contiene las lecciones y ejercicios por grado y por materia de estudio, así como la aplicación móvil Edupr. Sin embargo, a juicio del investigador de la Junta, estas iniciativas locales se quedaron cortas en comparación con las que desarrollaron otras jurisdicciones de Estados Unidos en el mismo tiempo en el que transcurría la emergencia por el COVID-19.
Manejo en otras jurisdicciones
Cruz mencionó que en escuelas de Miami y Mineápolis desarrollaron planes de educación a distancia. Además, afirmó que en Estados Unidos implementaron también lecciones educativas a través de las estaciones de televisión pública.
“Aunque estas plataformas y herramientas proveyeron oportunidades a los estudiantes para que continuaran motivados, estaban muy lejos de convertirse en un plan de aprendizaje a distancia abarcador y coherente”, sentenció sobre la gestión del DE antes de terminar el semestre escolar y pasar de grado a todos los estudiantes.
Tardanza en la compra de equipo
Otro aspecto destacado por Cruz fue la tardanza en la compra de equipo desde antes que comenzara la pandemia, a pesar de la existencia de fondos para ello.
“El gobierno federal concedió $589 millones al DE conforme al Programa Restart, como resultado de los huracanes Irma y María, de los cuales el DE tenía aproximadamente $130 millones para comprar aparatos electrónicos (computadoras/tabletas) para estudiantes y maestros que carecían de acceso a estos equipos en sus hogares. Debido a una variedad de razones, el DE no pudo comprar estos aparatos hasta hace poco”, recordó el investigador.
“Luego, como parte del Paquete de Apoyo de Medidas de Emergencias -certificado por la Junta de Supervisión el pasado 28 de marzo-, se asignó $124 millones del Fondo General. Conforme al análisis preliminar realizado por el DE, la cantidad de aparatos que se comprará tanto con fondos estatales como federales es de unos 285,000. Los contratos ya se han finalizado para la porción de la compra subvencionada con fondos federales, pero las compras con fondos estatales requieren planificación e implementación urgente”, expuso Cruz, quien lamentó que la compra de esos equipos podría culminarse en 2021.
Este aspecto también fue comparado con otras jurisdicciones estadounidenses, como el Condado de Broward, en Florida, que ha distribuido 84,000 computadoras portátiles a sus estudiantes entre el 20 de marzo y el 1 de abril.
Acceso a Internet y alternativas existentes
En el caso de familias sin acceso a Internet, Cruz detalló iniciativas en las que se entregó material impreso casa a casa y se utilizaron a los porteadores escolares.
“El Departamento tiene más de 800 empleados en sus oficinas centrales y otros 2,500 en oficinas regionales que continúan recibiendo su paga. Como resultado, el DE cuenta con suficientes recursos como para crear e implementar un plan robusto”, recalcó.
Finalmente, Cruz también expuso que la Isla tuvo la política menos estricta de monitoreo de estudiantes, en las iniciativas de enseñanza que implementó.
“Tristemente, la propagación del COVID-19 ya reveló un ángulo perturbador de cuán mal preparado estaba el sistema de educación en Puerto Rico para una emergencia, mucho menos lo estaba para una revolución tecnológica”, concluyó.
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