A más de 50 días de que la gobernadora Wanda Vázquez emitiera una orden ejecutiva autorizando la flexibilización de procesos de compra y contrataciones relacionados con el Covid-19, no existe visibilidad sobre la cantidad y la magnitud de las transacciones que las agencias han llevado a cabo al amparo de estas disposiciones.
“Nunca es bueno ocultar la información. La historia ha sido que por cada buen intento, se cuelan uno o dos que no son necesariamente los mejores. La historia nos ha enseñado que después que pasa toda la emergencia se descubren las barbaridades que se hicieron”, mencionó el catedrático retirado de Administración Pública Mario Negrón Portillo.
El 16 de marzo, Vázquez emitió una orden ejecutiva en la que abrió la puerta para que el Departamento de Salud y otras agencias pertinentes realizaran compras sin seguir los procedimientos ordinarios, con el fin de agilizar los trámites burocráticos. Asimismo, estableció en periodo de 60 días –que se cumple el 15 de mayo– para que se pudieran acordar contratos por servicios sin tener que cumplir con “cualquier requisito establecido por ley, reglamento, orden administrativa o guías aplicables”.
Según esa orden ejecutiva, las agencias tienen 60 días adicionales, a partir de la fecha en que otorgan un contrato, para completar toda la documentación requerida y cumplir con los requisitos de ley, entre los que se encuentra registrar el convenio ante la Oficina del Contralor.
Cecille Blondet, directora ejecutiva de la organización Espacios Abiertos, calificó de “abominable e inaceptable” que los requisitos de contratación gubernamental se hayan flexibilizado a tal grado en un contexto en el que las comunicaciones, contrario a lo que puede ocurrir tras desastres naturales, no son un obstáculo.
“Hay que pensar que no estamos en una emergencia donde no hay tecnología, donde no hay informática o electricidad. No podemos atemperar la situación de emergencia que estamos pasando en este momento a una situación como la que vivimos cuando colapsó el sistema de comunicación. A lo mejor por (el huracán) María podía haberse justificado algún tipo de excepción. Sin embargo, en esta ocasión no hay ninguna razón para ello”, opinó la abogada.
“En la medida en que uno facilite que los servicios se provean habría una legitimidad (para relajar los requisito ordinarios). Pero yo no estoy seguro en qué beneficia, en términos de proveer el servicio, el que no envíes el documento a la Oficina del Contralor”, subrayó Negrón Portillo.
Metro gestionó desde la semana pasada que el Departamento de Salud, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), el Departamento de Educación y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, cuatro de las agencias más relevantes en el contexto de la presente emergencia, proveyeran copias de las compras y contratos finiquitados mediante procedimientos extraordinarios.
De estas dependencias, solo el Departamento de Salud suministró ocho órdenes de compra, seis de ellas correspondientes a pruebas diagnósticas de Covid-19 y dos de ventiladores. También proveyó copia de una compra de ventiladores que fue tramitada por el Nmead.
Salud, sin embargo, no proveyó información acerca de contratos de servicios, mientras que las otras tres agencias, al cierre de esta edición, no habían entregado documentación alguna.
El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Osvaldo Soto, se comprometió el viernes pasado a hacer llegar información pertinente a las transacciones gubernamentales durante la emergencia, pero tampoco la había provisto.
El informe semanal que publica la Junta de Control Fiscal sobre la utilización del Fondo de Emergencia indica que, hasta el lunes, el gobierno había realizado 107 compras por $60.3 millones, al tiempo que había adjudicado 19 contratos ascendentes a $4.6 millones.
El informe divulgado, sin embargo, es un resumen que no detalla qué agencias incurrieron en gastos extraordinarios.
La contralora, Yesmín Valdivieso, puntualizó que el rol de la entidad que dirige se circunscribe a auditar las gestiones de las agencias posterior a los hechos. También mencionó que en los primeros 10 días luego de que el toque de queda comenzara, el 15 de marzo, se radicaron 533 contratos y 343 enmiendas, por lo que percibía la voluntad de la mayor parte de las entidades públicas para cumplir con ciertos estándares de transparencia en medio de la emergencia.
En emergencias “sí se flexibilizan ciertas disposiciones que te permiten compras a base de cotizaciones, porque un proceso de subasta tarda mucho tiempo, pero aún así las reglamentaciones siempre te requieren que pases unos procesos”, dijo Valdivieso, al puntualizar que los municipios han estado muy activos solicitando orientación a la oficina que dirige.
No obstante, reconoció que, a la luz de los escándalos que han trascendido relacionados a la adquisición de productos esenciales para enfrentar la epidemia, y particularmente las pruebas de Covid-19, es evidente que ha habido manejos turbios de las transacciones gubernamentales.
“Sabemos que no se está haciendo todo bien. Para muestra un botón. Nos sentamos y vemos las vistas de las Cámara y ahí sabemos (que hay irregularidades)”, subrayó la contralora, en alusión a las vistas investigativas celebradas por el cuerpo legislativo en las que ha trascendido la ausencia de controles efectivos en los procesos de compras.
Negrón Portillo igualmente se refirió a las vistas públicas, al señalar que ejemplifican la existencia y los peligros de la falta de transparencia.
“Aquí no hay información, nadie sabe qué sucede. Cuando buscas alguna explicación nadie te la puede dar porque no hay comunicación ninguna. Ha sido un ejemplo devastador de cómo las cosas no se hacen, pero tristemente se están haciendo así en un momento tan crítico. Es una locura”, resumió el catedrático retirado.
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