La notificación de que el gobierno estaba considerando cancelar el contrato por $38 millones a Apex General Contractors para el suplido de un millón de pruebas rápidas fue una que “sorprendió” a Juan Maldonado, según dijo en una vista cameral el abogado que representó a la compañía de construcción en las negociaciones.
De acuerdo con Maldonado, el 1 de abril Mariel Rivera, la requisidora del Departamento de Salud que había sido asignada a tramitar compra de pruebas serológicas, le indicó que la agencia estaba considerando la cancelación. La orden de compra, firmada el 26 de marzo, disponía que Apex debía hacer entrega del suplido, proveniente de Australia, el 31 de marzo.
Pese a que el periodo ya se había cumplido, Maldonado aseguró que no esperaba dicha notificación porque, por un lado, consideraba que la razón por la que se había retrasado el transporte de las pruebas a la isla era precisamente porque Salud estaba teniendo discusiones internas sobre si proceder con la compra y, por otra parte, porque ese día, en una conferencia de prensa, el nuevo secretario de Salud, Lorenzo González, había mencionado que la agencia sería más liberal en torno al tipo de pruebas que se podían adquirir.
“El 1 de abril le digo (a Rivera) ‘me sorprende porque el secretario está diciendo en la prensa que van a ser más laxos con las pruebas’. Yo le comento a ella que el secretario públicamente había hablado del millón de pruebas. Así que por un lado me estás diciendo que están pensando cancelarlas, pero el jefe de la agencia precisamente está hablando de nuestro contrato públicamente. No de cancelación, sino de que tenía un contrato para traer un millón de pruebas. Yo me comunico con ella por teléfono y me dice no sabíamos que el secretario iba a hablar de este tema y que, como ya era tarde, no se iba a cancelar ahora. Como quien dice espera a instrucciones mañana”, relató Maldonado durante el interrogatorio del presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales.
Según el abogado, el 3 de abril recibió por primera vez una notificación del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administracion de Desastres (Nmead) en la que se notificaba que la orden se había cancelado.
La carta, firmada por el comisionado de Nmead, José Burgos, iba dirigida a Aaron Vick, la persona cuya firma aparece en el contrato a nombre de Apex, pese a que no ocupa ningún puesto en la compañía, y además solicitaba la devolución de los $19 millones que se habían pagado por adelantado para concretar el acuerdo.
“Esta comunicación no la dimos por buena porque no tenía fecha, porque tiene información que entendíamos incorrecta y, número tres, porque no tenía información de a dónde transferirle una cantidad tan sustancial al Gobierno de Puerto Rico de vuelta”, sostuvo Maldonado.
El ex director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo continuó diciendo que Burgos, posteriormente, lo llamó explicarle por qué había cancelado la transacción.
“Yo le explico que lo que sucede es que estaba poniendo en una comunicación escrita que (las pruebas) no cumplen con FDA (Administración federal de Drogas y Alimentos) cuando a nosotros nadie nos ha dicho eso. Nadie lo ha puesto por escrito u ofrecido documentación. Yo puedo entender que el Departamento (de Salud) tenga personal físicamente allí de agencias federales y que ellos tengan información que nosotros no. Pero a la fecha que se nos comunica aún la prueba aparecía en el website del FDA. Y más aun, este servidor se dio a la tarea se dio a la área de llamar al FDA y esperar hora y media en línea para corroborar la información que estaba en el website estaba vigente”, subrayó Maldonado.
Luego de esa llamada, relató Maldonado, el Nmead emitió una segunda comunicación prácticamente igual a la primera pero incluyendo el número de cuenta del gobierno en el Banco Popular. El dueño de Apex, Robert Rodríguez, entonces envió una carta a Burgos, con copia a González y el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, en la que se alegaba que el transporte de las pruebas se había detenido porque Salud había informado que iba a reconsiderar la compra y que el material podía utilizarse bajo los parámetros de la FDA.
Tras recibir esa comunicación de Apex, el Nmead envió una tercera carta en la que dejaban únicamente el retraso en la entrega de pruebas como el único motivo para la cancelación.
En un informe parcial divulgado el pasado jueves, Morales refirió a Burgos a agencias estatales y federales por considerar que cometió perjurio al testificar ante la comisión que no había accedido al pedido de Apex de enmendar la carta de cancelación.
Tras recibir la tercera carta “notificamos inmediatamente notificamos al distribuidor (501 Nutrition) que se estaba dando por cancelada la orden porque el Departamento de Salud nos había cancelado. Esta carta nos llegó viernes y el sábado en la mañana el señor Rodríguez se personó al banco Oriental y se hizo la devolución de los $19 millones”, declaró Maldonado.
A ese punto, admitió el abogado, ya Apex había intentado transferir $14.7 millones a la cuenta de 501 Nutrition, transacción que fue detenida por Oriental Bank.
Esa cifra representaba la mitad de los $29.5 millones que, dijo Maldonado, 501 Nutrition le había facturado a Apex, lo que habría dejada a la empresa puertorriqueña con un margen de ganancia de $8.5 millones.
Además de Rodríguez, Maldonado precisó que en el negocio de las pruebas serológicas también tenía como clientes a Manuel Agosto, propietario de Macro Health Care, y William Tres, un empresario que había sido el enlace para contactar a 501 Nutrition.
Macro Health Care y Tres, sin embargo, no contaban con autorización para hacer negocios con el gobierno, explicó Maldonado.
