El representante popular José “Conny” Varela anunció el jueves la radicación de una interpelación a la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Briseida Torres Reyes, para que rinda cuentas sobre la situación que afecta a cientos de miles de empleados del sector privado y trabajadores por cuenta propia en medio de la emergencia por el COVID-19.
La solicitud de interpelación se hizo mediante una resolución al amparo de las secciones 12.18 y 18.5 del reglamento de la Cámara de Representantes, que provee un mecanismo para que los legisladores puedan requerir la presencia de jefes de agencia de la rama ejecutiva, mediante sesión especial.
“En los pasados días han aumentado las quejas por el pésimo funcionamiento del sistema de la página electrónica del Departamento del Trabajo y que los teléfonos provistos no son contestados. Eso ha hecho que miles de personas, a riesgo de contagio, abarroten las oficinas regionales de esta agencia, en reclamo de sus derechos como trabajadores. Esta situación es inaceptable y derrota todo esfuerzo para salvaguardar la vida y seguridad de los trabajadores puertorriqueños. Hasta la propia gobernadora Wanda Vázquez Garced calificó de inaceptable lo que ocurre allí”, señaló Varela en una comunicación escrita.
El legislador del Partido Popular Democrático (PPD) se refería a las manifestaciones de la primera ejecutiva al visitar, de forma sorpresiva, esa dependencia a finales de abril, confirmando las fallas tecnológicas del sistema computadorizado del Programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) para que los ciudadanos puedan solicitar los beneficios por durante la emergencia del Covid-19.
“Mientras el pueblo pasa estas vicisitudes, la secretaria del Trabajo pidió, de forma insensible, que tuvieran paciencia, a sabiendas que hay personas pasando hambre. Definitivamente concurro con la gobernadora, esto es inaceptable y merece que venga al pleno de la Cámara de Representantes a rendir cuentas”, indicó el Legislador.
“Esta situación está provocando un desasosiego y malestar que pudiera desencadenar en consecuencias lamentables. El recurso humano es la base y fundamento de toda economía y sociedad. Por tal razón, existe un derecho constitucional a la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, lo que exige que el Departamento del Trabajo esté a la altura de las circunstancias y cumpla con el deber ministerial, legal y constitucional que tiene con la clase trabajadora de Puerto Rico,” concluyó Varela.
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