En medio de la pandemia del coronavirus COVID-19, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, se presta a firmar el proyecto que viabiliza el plebiscito de estadidad sí o no en las próximas elecciones generales.
Más de una fuente de Metro indicó que oficiales de La Fortaleza citaron a funcionarios electos del Partido Nuevo Progresista (PNP) mañana sábado al Departamento de Estado para realizar la firma del proyecto senatorial 1467 de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz.
Recientemente, tanto el representante José Aponte, como el excomisionado residente y aspirante a la candidatura de la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, solicitaron a la primera ejecutiva la firma del proyecto para realizar la consulta.
“Es momento de que cada puertorriqueño pueda expresar que favorece la igualdad que sólo se logra con la Estadidad en una consulta el día de las elecciones, según propuse y se aprobaron en el Directorio del PNP, Urge que la Gobernadora firme el P.S. 1467”, comentó Pierluisi en sus redes sociales.
En marzo pasado, siguiendo una recomendación del exgobernador Carlos Romero Barceló plasmada en el informe positivo de la medida, se eliminó la definición de que un voto por el ‘No’ representaba un mandato para buscar la soberanía mediante un “tratado de independencia en libre asociación” o la “independencia total”.
De acuerdo con el informe del proyecto para crear la ahora denominada “Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico”, redactado por Rivera Schatz, la recomendación de Romero Barceló busca evitar que “algunos electores puedan decir que no se les provee donde expresarse”.
De forma similar, previo al plebiscito celebrado en junio de 2017 se propuso inicialmente que se excluyera la alternativa de preservar el estatus territorial actual. Sin embargo, más adelante se incluyó en la papeleta, junto con la estadidad y un encasillado que englobaba la independencia y la libre asociación.
De ganar el ‘Sí’, el Proyecto del Senado 1467 dispone que la gobernadora y la comisionada residente liderarán el “proceso de transición”. Ambas, con el consejo de la Comisión de Igualdad, estarán encargadas de elaborar en 30 días un plan de transición que se entregaría al presidente de Estados Unidos y a los líderes de ambos partidos en el Congreso federal.
La consulta tendría un costo de $3.5 millones pero no se precisa de dónde provendrían los fondos.
Manuel Guillama colaboró en esta historia
