En medio de la emergencia provocada por el COVID-19, la gobernadora Wanda Vázquez firmó hoy, sábado, el proyecto de ley que dispone celebrar un plebiscito de ’estadidad sí o no’ en las próximas elecciones generales el próximo 3 de noviembre.
Durante la conferencia de prensa, también estuvo presente el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el exgobernador Carlos Romero Barceló y el representante y expresidente de la Cámara de Representantes José Aponte Hernández.
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Pese a que la firma del proyecto de ley surge en momento donde el país continúa en vilo debido a la pandemia del COVID-19, Vázquez rechazó que la firma del proyecto sea inoportuna ya que, según la mandataria, se trata de un reclamo de igualdad. “De ninguna manera que está fuera de tiempo”, dijo a preguntas de la prensa. Tras estampar su firma en el proyecto del Senado 1467, la medida se convirtió en la Ley 51 en una clara alusión a las aspiraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) de convertirse en el estado 51 de Estados Unidos.
La consulta tendría un costo de $3.5 millones pero no se precisó de dónde provendrían los fondos. Durante su alocución, Aponte descartó que la celebración de este plebiscito constituya un gasto y lo catalogó como una “inversión”. La consulta consiste en que los electores contesten sí están de acuerdo con ser admitidos como un estado de la Unión o no.
Rivera Schatz, por su parte, se mostró confiado en que el Departamento Justicia federal avale la consulta y que esto podría significar que asignen unos $2.5 millones para celebrar dicha consulta. “En términos de costos, el hecho de hacerlo el mismo día de la elección general reduce esencialmente a la impresión de papeletas y a uno que otro gasto incidental al costo de la consulta del plebiscito”, dijo el presidente senatorial durante la conferencia de prensa.
“El que quiera la defensa común, la moneda común, las dos banderas y los dos idiomas, vota que sí. El que no quiera eso, vota que no. Puede mirar a Cuba y a Venezuela”, sostuvo Rivera Schatz. Agregó que la consulta pretende la estadidad es necesaria para eliminar la desigualdad que enfrentan los puertorriqueños cuando ya sea en la asignación de fondos federales o que no cuentan con el poder del voto en el Congreso o para elegir un presidente.
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Por su parte, el líder senatorial también descartó que algún tipo de injerencia de la Junta de Control Fiscal en este proceso debido al costo del evento electoral. “La ley que habilita a la JCF le impide a ellos intervenir en asuntos de estatus. Es lo único bueno de esa ley”, añadió.
Vázquez, asimismo, aseguró que han conversado con la Casa Blanca sobre pero no precisó si avalan la consulta y solo se limitó a decir que “hemos visto una comunicación muy buena y positiva”.
El verano pasado, el presidente del Senado federal, el republicano Mitch McConnell fue enfático en que no respalda un proceso de estadidad para la isla en estos momentos. Según el líder republicano, la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos podría significar más sillas congresionales para el Partido Demócrata.
En marzo pasado, siguiendo una recomendación del exgobernador Romero Barceló plasmada en el informe positivo de la medida, se eliminó la definición de que un voto por el ‘No’ representaba un mandato para buscar la soberanía mediante un “tratado de independencia en libre asociación” o la “independencia total”.
De acuerdo con el informe del proyecto para crear la ahora denominada “Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico”, redactado por Rivera Schatz, la recomendación de Romero Barceló busca evitar que “algunos electores puedan decir que no se les provee donde expresarse”.
De forma similar, previo al plebiscito celebrado en junio de 2017 se propuso inicialmente que se excluyera la alternativa de preservar el estatus territorial actual. Sin embargo, más adelante se incluyó en la papeleta, junto con la estadidad y un encasillado que englobaba la independencia y la libre asociación.
De ganar el ‘Sí’, el Proyecto del Senado 1467 dispone que la gobernadora y la comisionada residente liderarán el “proceso de transición”. Ambas, con el consejo de la Comisión de Igualdad, estarán encargadas de elaborar en 30 días un plan de transición que se entregaría al presidente de Estados Unidos y a los líderes de ambos partidos en el Congreso federal.
