La Junta de Control Fiscal (JCF) rechazó la propuesta del Gobierno para dar un incentivo de $500 a empleados privados y pensionados, tras una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez, a la vez que sugirió allegar el dinero propuesto a la ciudadanía a través de entidades no gubernamentales.
Luego de una reunión entre la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, el presidente José Carrión y la gobernadora Wanda Vázquez, el ente sugirió que se presenta una nueva propuesta para entregar el dinero.
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“La Junta de Supervisión está de acuerdo en que el Gobierno debe brindar un mayor apoyo a quienes más lo necesitan de una manera fiscalmente responsable. Como consecuencia, la Junta de Supervisión instó al Gobierno a concretar un plan para que las ayudas lleguen a los sectores más vulnerables de la población: aquéllos que por lo regular no son elegibles para recibir desempleo, a los que los reembolsos de fondos federales no llegan con facilidad y a los que necesitan mucho más apoyo. La Junta de Supervisión sugirió que la manera más eficaz de alcanzar esta población, que asciende a unos 200,000 habitantes, es mediante las organizaciones comunitarias u organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan incansablemente dentro de estas comunidades”, expuso la JCF en un comunicado.
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“La Junta de Supervisión sugiere que el Gobierno debería centrarse ahora en aquellos que más necesitan ayuda, incluidos los hogares sin hogar y de bajos ingresos, aquellos que no tienen acceso a suficiente alimentos, adultos y niños con discapacidades, así como aquellos que carecen de acceso a internet, transporte u otros factores personales que impiden el acceso a los programas existentes”, agregó el ente creado por la Ley Promesa.
La Junta aprobó al Gobierno el uso de los $349 millones para la nueva propuesta.
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Destacan sectores “vulnerables”
En una carta enviada por Jaresko a la gobernadora y al directora ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), opinó que “es crítico reconocer que hay segmentos significativos de la población puertorriqueña que caen dentro de la amplia categoría descrita como la población “vulnerable” que incluye a las personas sin hogar, de bajos ingresos, con inseguridad alimentaria y discapacitados, tanto adultos como niños. Además, existe una importante “economía informal” en Puerto Rico que queda fuera del alcance de los programas existentes”.
Asimismo, la Junta detalló las ayudas provenientes del gobierno estatal y federal para atender la emergencia del coronavirus en Puerto Rico. Entre ellos el paquete estatal que se aprobó de $787 millones, y los $2,200 millones que otorgó el Gobierno federal.
Además, la JCF mencionó el incentivo de los $1,200 incluidos en la Ley Cares, que desembolsa actualmente el Departamento de Hacienda.
“Suponiendo que otros 80,000 no son elegibles principalmente por razones de umbral de ingresos, estimamos que 150,000 – 250,000 puertorriqueños quedan fuera de cualquier programa de estímulo federal o local aprobado hasta la fecha. Así, establecer un programa de estímulo para ayudar a estas personas vulnerables podría costar aproximadamente de $ 150 a $ 250 millones para el Gobierno, suponiendo un nivel de apoyo de $ 1,000 por persona”, agregaron.
Piden nueva propuesta
En la misiva Jaresko también opinó que involucrarse con un grupo establecido de ONG con la red y la infraestructura existentes, y luego superponer un marco transparente basado en la asociación, la presentación periódica de informes y la rendición de cuentas servirá mejor al Gobierno y al pueblo de Puerto Rico.
” Si está de acuerdo, el próximo paso sería que su Gobierno elabore y presente una propuesta específica a la Junta de Supervisión para la distribución de estos fondos al segmento “vulnerable” de la población a través de la red y la infraestructura de las ONG”, puntualizó Jaresko en la carta.
