Las organizaciones agrupadas bajo la propuesta Queremos Sol solicitaron a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) comenzar un proceso participativo y transparente para dotar a la isla de equipos solares y sistemas de almacenamiento beneficiosos para los consumidores.
Específicamente, el grupo propone que la AEE tome las medidas para adquirir o procurar equipos que aprovechen la abundancia de recursos que representan los techos y sistemas de almacenamiento de energía solar, que pueden ser instalados de inmediato por decenas de empleados de la AEE ya entrenados en tecnología de energía renovable, en colaboración con grupos comunitarios.
La petición responde a la intención expresa de la AEE de adelantar la meta de generar la totalidad de la energía con fuentes renovables para antes de 2050, basado en megaproyectos que impactarían terrenos agrícolas y de alto valor ecológico.
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“Nuestros estudios demuestran que el costo de generar electricidad fotovoltaica en techos es más barato, por mucho, que el precio que AEE pagará por la energía solar fotovoltaica de fincas grandes”, dijo Agustín Irizarry, catedrático del Departamento de Energía Eléctrica de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.
Según el perito, “el costo de generar energía solar en techos disminuye con el tiempo. Por el contrario, el precio de la energía renovable en fincas grandes aumenta con el tiempo debido a que los contratos anunciados por la AEE conllevan un aumento de 2% al año”. A este costo hay que sumarle alrededor de 5 centavos, el costo de tarifa básica de la AEE, añadió.
Seguridad alimentaria
Por otro lado, el grupo planteó que los proyectos favorecidos por la AEE comprometen terrenos fértiles que Puerto Rico necesita para ampliar sus recursos de seguridad alimentaria y proteger su ecología.
“La mayoría de las instalaciones solares grandes que se proponen están ubicadas en terrenos de valor agrícola o valor natural. Tenemos espacio suficiente en los techos para generar electricidad por lo que rechazamos el que se utilicen terrenos fértiles y valor ecológico para proyectos solares. Las decisiones no se pueden tomar en el vacío. La crisis que enfrentamos con la pandemia del COVID-19 nos muestra la importancia de asegurar terrenos para la seguridad alimentaria del País y nos reitera la estrecha relación entre las condiciones del medioambiente y la salud pública”, expuso Ingrid M. Vila Biaggi, presidenta de Cambio, una de las organizaciones proponentes de Queremos Sol.
El grupo destacó que la destrucción del sistema eléctrico de transmisión y distribución por el paso del huracán María dejó a Puerto Rico sin electricidad a pesar de que el sistema de generación funcionaba. Esto demuestra la necesidad de desarrollar proyectos renovables distribuidos en techos que beneficien directamente a las comunidades.
“La energía de centrales grandes no llegaba a los hogares tras el paso del huracán. Lo mismo pasará con la energía solar en fincas grandes si se avería el sistema de transmisión y distribución. La inmensa mayoría de los sistemas solares en techos, en Puerto Rico y en Islas Vírgenes, sobrevivieron al huracán María”, indicó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riesgo (UTIER), parte de Queremos Sol.
Aseguran se obstaculiza la transformación energética
Por su parte Federico Cintrón, Director de El Puente-Enlace Latino de Acción Climática añadió que “el modelo de producción que insiste en impulsar la gerencia de la AEEPR con estas instalaciones solares y con la importación de gas líquido, retrasan y obstaculizan una verdadera transformación justa hacia un sistema energético sustentable, seguro y distribuido. De poco sirve producir energía solar si el modelo económico que lo hace continúa fomentando la desigualdad social. En Queremos Sol proponemos que sea la gente quien produzca y almacene la energía utilizando sus techos. Hacia eso es que nos debemos mover y dejar de comprometer la soberanía energética de Puerto Rico con negocios que solo benefician a unos pocos”.
Las organizaciones recordaron que estos proyectos se originaron bajo el gobierno de Luis Fortuño y que son producto de un proceso expedito (“fast-track”) que no contó ni con participación ciudadana ni con una evaluación rigurosa de los impactos directos y a largo plazo para nuestro desarrollo sostenible.
