Alrededor de 20,000 de las cerca de 90,000 solicitudes al programa de desempleo por pandemia (PUA, en inglés) podrían ser denegadas, ya que presentan problemas en la información brindada. Así se desprende de expresiones de la secretaria del Trabajo, Briseida Torres, al mencionar algunos factores que impedirían a individuos acceder al beneficio que incluye un pago suplementario de $600 semanales.
Aunque hasta hoy unas 55,000 personas han recibido su primer cheque del PUA, Torres indicó que 71,000 de las solicitudes han podido ser “integradas” a la plataforma SABEN, del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), desde el portal desarrollado por Evertec.
“Unas 20,000 solicitudes presentaron cierto problema, como que la persona debía Asume (pensión alimentaria) o que la persona indicó que fue afectado en sus ingresos mucho antes que la ocurrencia de la pandemia. Esto es un beneficio que no es automático, que va atado a que usted fuera afectado debido a la pandemia”, mencionó la secretaria durante un recorrido que hizo con los representantes Jorge “Georgie” Navarro y Reinaldo Vargas, de la Comisión de Gobierno, por el ‘call center’ del DTRH en Hato Rey y por los puntos donde se atienden a individuos de manera servicarro a las afueras de la sede central de la agencia.
Además de esas 20,000 personas que pudieran ver rechazadas sus solicitudes del PUA, Torres indicó que otras 40,000 enfrentan trabas para recibir los pagos de desempleo regular, por haberse levantado alguno de los llamados puntos controvertibles en sus reclamaciones.
Estas instancias “son los casos en que la persona indica cierta información que requiere investigación. Estos casos no son solo en la primera reclamación, también surgen en reclamaciones subsiguientes. Cada vez que la persona hace sus reclamaciones en semanas subsiguientes se pueden levantar puntos controvertibles por las contestaciones que ese individuo da”, sostuvo la titular del DTRH, al plantear que la agencia debe ser cuidadosa para evitar poner en riesgo el acceso a fondos federales, que es de donde proviene el financiamiento de los programas de emergencia.
Según Torres, el “norte” de la dependencia ha pasado de ser la agilización de los trámites relacionados con el PUA a resolver de manera expedita los puntos controvertibles en las reclamaciones de desempleo regular.
Mientras cientos de personas hacían fila en sus vehículos en las calles aledañas al DTRH, a la espera de entregar documentos o ser atendidos, la secretaria enfatizó que resulta necesario hacer este tipo de citaciones presenciales.
“Que la persona pueda entregar documentos o recibir orientación en persona es necesario. La realidad es que el número de casos que nos quedan son de investigación. Ya sea porque usted fue despedido y quizás su conducta fue impropia y no puede recibir el beneficio, o que usted estaba recibiendo algún tipo de compensación que nos lleva a determinar que no es elegible. Hay muchos casos de fraude y por eso es importante revisar esta data. Tenemos patronos que nos hacen llegar información de que está compensando a ese empleado que está pidiendo el desempleo. Así que es nuestro deber el no permitir esa doble compensación e incumplimiento con la ley”, puntualizó.
En un comunicado de esta tarde, el DTRH informó que, desde el 1 de abril, ha desembolsado $727 millones a 210,000 beneficiarios elegibles a los programas de desempleo regular o el PUA.
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