El representante popular Luis Vega Ramos indicó el martes que la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Denisse Longo Quiñones, le informó mediante carta enviada electrónicamente que el fiscal de Distrito de San Juan, Víctor Carbonell, estará a cargo de la investigación de la querella presentada por el representante en torno a las violaciones al toque de queda durante la inauguración de la sede del Partido Nuevo Progresista (PNP) el pasado 17 de marzo.
En el evento participaron la gobernadora, Wanda Vázquez Garced; el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; el precandidato a la gobernación, Pedro Pierluisi y otros miembros de la dirección de la colectividad.
Según el legislador, el fiscal Carbonell fue nombrado y fungió como director del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) durante la administración del exgobernador Luis Fortuño y, según una historia publicada en la prensa del país el 31 de marzo del 2014, fue removido por el entonces Jefe de Fiscales de un caso ante el tribunal de Fajardo por estar litigando contra un abogado de defensa (Antonio Sagardía) que simultáneamente lo representaba en un caso administrativo y, además, por salir a relucir que mientras fungía como fiscal se tomaron “unas fotografías en las que aparece el fiscal de distrito con el precandidato a la gobernación del PNP, Ricardo Rosselló”.
“Quizás ante esta situación, la secretaria Longo deba ponderar esa designación o, si no, el fiscal Carbonell tiene el deber de sobreponerse a estas situaciones previas y encaminar rápidamente los procesamientos judiciales que competen contra la gobernadora y el resto del liderato del PNP. Es hora de probar que nadie está por encima de la ley; la prueba de la ofensa está en las mismas fotos que Vázquez Garced, Rivera Schatz, Pierluisi y el resto del liderato del PNP, subieron a las redes; y el fiscal se mantiene en el caso debe moverse con celeridad a presentar los cargos, particularmente ante el clima de desobediencia del toque de queda y el distanciamiento social que se ha propagado en días recientes tras la transgresión de la gobernadora y el resto del liderato del PNP”, dijo Vega Ramos.
Señaló que los transgresores a la OE-2020-38 y a la Ley 35-2020 se exponen a una multa de 5,000 dólares o seis meses de cárcel a discreción del tribunal.
El legislador alegó que este fin de semana, tras la participación de la gobernadora y el liderato PNP en un mitin político prohibido por el toque de queda y la relajación del mismo por una nueva orden ejecutiva, “se ha producido un caos, la actividad criminal ha aumentado, agentes del orden público han sido severamente agredidos, como en el caso del vehículo ‘Polaris’ y la temeridad de varios para vulnerar el distanciamiento social y la cuarentena han aumentado”.
“Eso es consecuencia directa de las acciones de la gobernadora y el liderato PNP que han ayudado a aumentar el riesgo a nuestra salud y seguridad. Eso no puede permitirse y hay que procesar las transgresiones, vengan de donde vengan”, alegó.
El representante Vega Ramos y la secretaria de Justicia están supuestos a encontrarse el martes a las 10:00 de la mañana en una vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara a celebrarse en el Salón de Audiencias 1 de dicho cuerpo.
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