A pesar del flujo de fondos federales que la Junta de Control Fiscal (JCF) proyecta que llegarán a Puerto Rico en el futuro cercano, el organismo anticipó que en tres de los cinco años que cubre el plan fiscal certificado se reflejará un decrecimiento económico, lo que extendería la recesión de la isla a prácticamente dos décadas.
Dentro de ese panorama, la JCF reconoció que el impacto de la pandemia del Covid-19 será sustancial, particularmente en lo referente a las oportunidades de empleo. En el corto plazo, por ejemplo, no se prevé que la tasa de desempleo regrese al nivel en que se encontraba en marzo, justo antes de que se decretara la emergencia.
El documento sostiene que a partir de julio de este año se comenzaría a ver una reducción gradual en la tasa de desempleo, que se elevó astronómicamente como consecuencia de los cierres decretados por la gobernadora Wanda Vázquez. Sin embargo, al finalizar el año fiscal 2021, la tasa se mantendría en 16.2%, unos cinco puntos porcentuales por encima del 11.2% que mostraba en marzo de este año.
La JCF incluye, en sus proyecciones, un “peor escenario”, en el que la economía se recuperaría más lentamente a lo largo del próximo año. En ese caso, la tasa de desempleo en junio de 2019 todavía se mantendría en 19.2%.
En términos macroeconómicos, el plan fiscal certificado hoy contempla que el año fiscal 2020 cerrará con un decrecimiento de entre 4.0% y 5.8% respecto ciclo anterior. Para el año fiscal 2021, sin embargo, se anticipa una leve mejoría, con un crecimiento de 0.5% fundamentado principalmente en la inyección anticipada de fondos federales para atender las secuelas del huracán María, los terremotos en el suroeste al inicio de 2020 y la emergencia del Covid-19.
El organismo fiscal sí prevé que en los años 2020 y 2023 Puerto Rico regrese a terreno negativo con decrecimientos de 1.5% y 1.9%, respectivamente. En el año fiscal 2024 habría un nuevo repunte, con un pequeño crecimiento de 0.5%, pero en 2025 el tamaño de la economía se reduciría en 0.1%.
Estas proyecciones de la JCF, según se explica en esa sección del documento de 271 páginas, toman como base la implementación de reformas estructurales que se le exige al gobierno electo, así como la llegada de decenas de miles de millones en fondos federales.
El plan fiscal proyecta que, a lo largo de los próximos 15 años, la isla recibirá unos $83,000 millones relacionados con el proceso de reconstrucción a raíz del desastre provocado por el huracán María.
De ese total, $48,000 millones serían pagos provenientes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) –incluyendo $2,600 millones en ayuda individual–, $8,000 millones de seguros privados y de negocios que aún no se han desembolsado y otros $7,000 millones de otras fuentes de financiamiento federal.
Otros $20,000 millones corresponderían a los programas de subvención para el desarrollo comunitario tras desastres (CDBG-DR) que administra el Departamento federal de Vivienda y de los cuales, a casi tres años del huracán, se ha desembolsado una mínima fracción.
En el caso de la asistencia financiera relacionada con la actual pandemia, la JCF proyecta que Puerto Rico tendría acceso a sobre $13,900 millones de origen federal, en su inmensa mayoría como producto de la ley Cares.
El impacto de la ayuda relacionada con los terremotos, en tanto, se espera sea significativamente menor. La JCF anticipó que FEMA desembolsará $595 millones en esa gestión, incluyendo $80 millones en asistencia a individuos.
El ente sí aclaro que “financiamiento federal adicional podría hacerse disponible, sin embargo, no existe un estimado de daños que permita proyectar la cantidad de este financiamiento”.
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