El nuevo Código Civil dispone su puesta en vigor en un periodo de 180 días después de su aprobación. La extensión del plazo de vigencia serviría además para la introducción de cambios que son necesarios en el conjunto de leyes.
“Hoy se deroga un Código Civil de 1930, que ya era anticuado, y cuyas disposiciones impedían el desarrollo social y económico de una sociedad moderna. Sin embargo, ha sido sustituido por otro Código que, aunque incluye adelantos importantes, también se queda corto frente a las aspiraciones puertorriqueñas. Este tema no queda aquí. Ahora comienza una jornada intensa para lograr dotar a nuestra clase jurídica y al País del conocimiento que permita implementar el código. Como primer paso, hay que introducir una enmienda urgente para extender a un año el periodo en que tardará en entrar en vigor”, expresó el licenciado José Javier Lamas, presidente de la Comisión de Derecho Civil del CAAPR.
Al examinar el Diario de Sesiones del 4 de marzo y 11 de abril de 2019, la primera vicepresidenta del Colegio, licenciada Daisy Calcaño López, identificó decenas de enmiendas al texto que nunca fueron discutidas en vistas públicas.
“La Cámara de Representantes aprobó unas 80 enmiendas sin vistas públicas al proyecto original. En el Senado se incorporaron unas 66 enmiendas al proyecto sustitutivo de la Cámara, sin escuchar al pueblo. El proyecto de ley firmado hoy estuvo expuesto a 146 enmiendas que nunca fueron a vistas públicas. En 90 años el Código Civil vigente fue modificado 60 veces”, observó Calcaño López.
“Puerto Rico merece un mejor Código Civil. Después de todo, es la ley más importante, después de la Constitución. Es evidente que el proyecto de ley fue enmendado sin la oportunidad de vistas públicas, privando a la sociedad civil de su participación”, añadió.
Por su parte, el presidente del CAAPR, Edgardo Manuel Román Espada, reiteró el compromiso de la institución con promover un Código Civil moderno, que sirva a las necesidades y aspiraciones del pueblo a la altura del siglo XXI. Ese Código, a su juicio, debe enaltecer los derechos humanos y el desarrollo social para el País.
“Por ello, en nuestra Asamblea General de 2016, se adoptó una resolución para participar de los esfuerzos legislativos. Nuestra Comisión de Derecho Civil presentó ponencias, analizó artículos y participó de las vistas públicas que inicialmente hizo la Cámara de Representantes. Sin embargo, la Cámara aprobó un proyecto de Código con múltiples enmiendas de última hora que no fueron objeto de discusión pública”, recordó el presidente.
Por su parte, el Senado aprobó, sin vistas, el proyecto sustitutivo de la Cámara e introdujo sobre 60 enmiendas adicionales.
“Hemos denunciado la aprobación de un Código en esas circunstancias, a espaldas de los diversos sectores interesados en colaborar. Enviamos dos comunicaciones a la gobernadora solicitando el veto de la medida y su devolución a la Cámara. Esa era la ruta democrática. Es lamentable que nunca se contestaran nuestros reclamos”, puntualizó Román Espada.
